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TSJ de Aragón. Sentencia de 19 de Diciembre de 2018.

Nulidad de actuaciones al no haberse practicado la ratificación en juicio del Informe elaborado por la psicóloga, adscrita al equipo técnico. La vista debió ser suspendida hasta que la profesional pudiese haber comparecido.

La declaración de la Psicóloga, se revela necesaria para que el tribunal adopte, una decisión informada y razonada.

De haberse practicado podría haber tenido una incidencia favorable, para la estimación de las prestensiones de la parte recurrente. El tribunal ha escuchado las alegaciones de la perito de parte pero no ha hecho lo mismo con la psicóloga del equipo técnico.

La declaración de la trabajadora social, no subsana, la falta de declaración de la psicóloga, porque su ámbito de análisis es, diferente.

Artículo 346 de la LEC, señala que del dictamen pericial se dará traslado a las partes, por si consideran necesario que el perito concurra, a la vista oral.

La citada actuación generó indefensión en la parte recurrente, constitucionalmente relevante, en los términos precisados por el TC, para dar lugar a la nulidad de actuaciones, que como se recoge en la STS 641/2014, de 20 de Noviembre con referencia a STC 109// 2002 de 6 de Mayo, se produce cuando con infracción de una norma procesal, el órgano judicial impide, a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando, bien su facultad de alegar, y justificar, sus derechos e intereses, para que le sean reconocidos, bien de replicar, dialéctica mente, las posiciones contrarias, en el ejercicio del principio de contradicción, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa.

Artículo 476.2, 4 LEC. Estimación del Recurso Extraordinario por Infracción procesal:

Vulneración del Artículo 24 de la Constitución Española.

La Sala anula, la Sentencia recurrida y ordena que se repongan las actuaciones al momento, en que se incurrió en la infracción que produjo, la indefensión, momento anterior a la celebración de la vista oral, para que esta pueda celebrarse, con la práctica, de todas las pruebas admitidas, incluida la declaración de la Psicóloga, del equipo técnico.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en: bufetejuridicosanchon@gmail.com.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004. Madrid.

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ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN PATERNA.

AP Álava. Sección Primera. Sentencia de 9 de Enero de 2019.

La acción de reclamación de filiación paterna, ejercitada por el actor está caducada, en virtud de lo dispuesto, en el Artículo 133.2 del Cc, por el transcurso de un año desde que tuvo conocimiento, de su paternidad, pero ello no impide que pueda declarar la filiacion, en virtud del Artículo 131 del Código Civil, aplicando el principio “ iura novit curia”.

El concepto de posesion de estado del Artículo 131 del Cc, se concreta en una actuación ininterrumpida, y reveladora de la libre voluntad del padre, de prestar asistencia, cuidado y compañía a la actors, a través de actos continuados y públicos de carácter personal, habiendo concurrido los requisitos relativos al “nomen”, “ tractatus”, fama o “reputatio”.

El Código Civil, establece, una amplia legitimación, para reclamar, la filiación manifestada, por una constante posesion de estado, cuando existe una situación en que pese a no contar con una paternidad o maternidad no matrimonial reconocida, formalmente, se tiene el concepto público de hijo con respecto al padre, o la madre, formado por actos directos de estos, demostrativos de un reconocimiento voluntario y libre.

Sentencia del TC de 27 de Octubre de 2005.

Sentencia del TS de 30 de Junio de 2016.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a su cita en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero Derecha. 28004 – Madrid.

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EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

AP de Cordoba. Sección Primera. Auto de 8 de Enero de 2019.

La voluntad del menor de no cumplir, el régimen de visitas, no constituye, un motivo de Oposición a la Ejecución.

No puede confundirse el interés del menor con la voluntad del menor. Este tiene derecho a que su interés se convierta, en parte angular, de las decisiones judiciales, pero no que su voluntad sea decisiva respecto de ellas.

El interés del menor debe ponderarse en la fase declarativa, del proceso en la instancia, y posteriormente en los correspondientes recursos. En la fase de ejecución el interés del menor, debe ser también, contemplado, cuando el cumplimiento de la resolución suponga, un patente perjuicio para el interés del menor, – cambio de circunstancias, error manifiesto, con riesgo para aquel- podría ceder la ejecución de la resolución como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, y del principio de seguridad jurídica en favor de otras soluciones, que garanticen la protección del interés del menor.

En el asunto que trae causa, el ejecutado no alega la infracción de los motivos de oposición, previstos en el Artículo 556 de la LEC, no ha puesto de manifiesto circunstancias excepcionales, que permitirían la adopción de otras soluciones distintas a la ejecución de Sentencia.

No puede confundirse, el interés del menor, con la voluntad del menor.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a la cita, en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero Derecha. 28004. Madrid.

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RETORNO DEL MENOR DESAMPARADO A LA FAMILIA BIOLÓGICA.

Sentencia de 14 de Enero de 2019, de la Audiencia Provincial de Valencia. Seccion 10.

Constituye doctrina del Tribunal Supremo, que para acordar, el retorno del menor desamparado, a la familia biológica” no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con el propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es, menester que esta evolución en el plano objetivo, y con independencia de las deficiencias personales, o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo, sea suficiente para restablecer la unidad familiar. En condiciones que supongan la eliminación del riesgo, de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar, en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en su familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen, las referencias parentales del menor con su familia biológica, y si el retorno al entorno familiar biológico entraña riesgos relevantes de tipo psíquico”.

En el asunto que trae causa, el Informe emitido por el Equipo Psicosocial, adscrito al Instituto de Medicina Legal, pone de relieve las limitaciones, que sigue presentando la demandante, para el ejercicio de las funciones parentales:

1. Falta de conciencia, de la necesidad del establecimiento de rutinas, horarios y normas.

2. Pobres habilidades para la resolución de conflictos.

3. Dificultad para asumir, responsabilidades, y/ o aceptar, limitaciones y/o dificultades.

Además, señala, la falta de conciencia delas situaciones de riesgo, en las que se ha situado a la menor, Inma falta de habilidades al interactuar con la menor.

Debe, ampliarse las visitas, ante la evolución positiva de la progenitora.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en: bufetejuridicosanchon@gmail. com, con carácter previo a la consulta en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. 3 Dcha. 28004. Madrid

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Sentencia del Tribunal Europeo de derechos humanos, de 31 de Mayo de 2016 ( TEDH, 44). Beortegui Martinez contra España.

VIOLACION DEL CONVENIO POR FALTA DE INVESTIGACIÓN SUFICIENTE DE MALOS TRATOS.

Artículo 3. CEDH

El TEDH, apunta, que el 21 de Enero de 2011, el demandante compareció ante el Juez Central de Instruccion 3 de la Audiencia Nacional, al que habría expuesto, los malos tratos que de forma presunta, había sufrido, durante y tras su traslado a Madrid. Esto, según el demandante, hubiera sido corroborado por el abogado de oficio, que indicó tener la convicción de que el demandante había declarado bajo convicción.

El Juez Central de Instruccion, no ordenó, ninguna diligencia de investigación, y tampoco envió, el expediente a ningún otro juez competente.

Se impone, una investigación efectiva con mayor rigor, máxime cuando el demandante se encontraba, durante el tiempo en que se habrían producido los malos tratos, en una situación de ausencia de comunicación, con el exterior, lo que exige, un mayor esfuerzo de las autoridades internas, para determinar, los hechos denunciados.

El TEDH, señala, que la práctica de los medios de prueba adicionales, sugeridos por el demandante, – our a los agentes a cargo de su vigilancia, durante su detención preventiva, en régimen de incomunicación, hubiera podido contribuir, al esclarecimiento de los hechos, en un sentido o en otro tal como exige, la jurisprudencia del TEDH.

El TEDH, subraya, la situación de especial vulnerabilidad, de las personas detenidas, en régimen de incomunicación, que exige sean adoptadas unas medidas adecuadas, de control jurisdiccional, y que estas, se apliquen, de forma rigurosa, con el fin de evitar, los abusos y proteger, la integridad física de los detenidos.

El TEDH reconoce, que las consecuencias psicológicas de los malos tratos, inferidos por agentes del Estado, pueden ir en perjuicio de la capacidad de las víctimas, de quejarse de los tratos padecidos, y constituir de esta manera un obstáculo mayor al ejercicio del derecho a reparación de las víctimas de torturas y otros malos tratos. Pueden hacer, que la víctima, sea incapaz, de iniciar, los trámites necesarios, para emprender sin dilación , acciones contra el autor de los hechos.

Para el TEDH, es, a los jueves competentes en materia de detenciones preventivas incomunicadas, a quienes incumbe, adoptar, un planteamiento más pro activo, en lo que atañe a las facultades de control de las que disponen.

El TEDH, suscribe, las recomendaciones, de los órganos del Consejo de Europa, ya se trate de las garantías a asegurar, en este supuesto, ya del principio mismo de la posibilidad de poner a una persona, en detención en régimen de incomunicación, según las normas determinadas, por la jurisdicción española.

Habida cuenta de la ausencia de una efectiva investigación, acerca de las alegaciones del demandante, según las cuales había sido sometido a malos tratos durante su detención preventiva en régimen de incomunicación, el TEDH, estima, que se ha producido, violacion del Artículo 3, del Convenio en su aspecto procesal.

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Abuso de derecho en sede de ejecucion.

Es, excepcional y requiere, una actividad probatoria por parte del que la alega.

Audiencia Provincial de Barcelona. Seccion décimo Segunda. Auto de 28 de Enero de 2019.

Existe, numerosa doctrina, que acoge, las pretensiones de inexigilidad de las obligaciones alimenticias derivadas de procesos de familia cuando quien ejecuta, obra con notorio abuso de derecho.

Se da esta circunstancia cuando se procede a ejecutar, una apariencia de derecho derivada de una resolución judicial, ya obsoleta en esta materia, para exigir una obligación ya o exigible, por la desaparicion del requisito de necesidad en los hijos.

Si fuera cierta la causa por la que alega, el abuso de derecho, hubiera tenido que interponer, un proceso de modificación de medidas, con solicitud de medidas provisionales, con carácter urgente y efectos retroactivos, tal como prevé el Articulo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo caso podrían haberse adoptado las medidas procedentes, y hubiera tenido legitimidad para solicitar, la retroacción de las medidas, de la entendía definitiva al momento en el que hubiera intentado la solución extrajudicial.

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COMUNIDAD GANANCIAL

AP de Murcia. Sección cuarta. Sentencia de 17 de Enero de 2019.

No existe prueba alguna de que fuera realizada la obra, a costa de la comunidad ganancial. La presunción iris tantrum del Artículo 359 del Código Civil, exige, que quien sostenga lo contrario acredite, que la obra se realizó, a costa de recursos, de los cónyuges que tuvieran naturaleza ganancial.

Ninguna prueba, se ha practicado al respecto, por lo que no se ha destruido, la presunción de que la obra se realizó, a costa del propietario.

“. Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario, y a su costa, mientras no se pruebe, lo contrario”. Artículo 359 del Código Civil.

Quien sostenga lo contrario debe proponer y practicar, prueba, sobre tal extremo y en el asunto que trae causa, no se ha propuesto prueba, para acreditar que la obra se realizó a costa de recursos de los conyuges, que tuvieran naturaleza ganancial. El tema se encuadra en la cuestión del IURA NOVIT CURIA.

El juzgador puede aplicar, normas distintas, e incluso no invocadas por los litigantes, a los hechos establecidos por los mismos, siempre que con ello, no se altere, la causa de pedir. Artículo 218.1, párrafo Segundo de la Ley de a Enjuiciamiento Civil.

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