AGRESION SEXUAL EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA.

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Begoña Martinez Sanchon

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AGRESION SEXUAL EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA.

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 254/2019 de 21 Mayo de 2019, Rec. 2611/2018 la existencia de las agresiones sexuales en el seno de la pareja en un caso en el que se dio tal ilícito penal pretendiendo amparar el hecho el autor en la relación de pareja entre las partes, lo que no impide entender cometido el delito.

No puede admitirse, que el acceso carnal que perseguía el recurrente, porque entendía que ese día debía ceder su pareja a sus deseos sexuales, es una especie de débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho del hombre, por lo que, si se ejercen actos de violencia para vencer esa voluntad con la clara negativa de la mujer al acceso carnal, como aquí ocurrió, y consta en el hecho probado, ese acto integra el tipo penal de los arts. 178 y 179 CP, y, además, con la agravante de parentesco reconocida en la sentencia por la la relación de pareja y convivencial, y pudiendo añadirse, la agravante de género si se dieran las circunstancias que esta Sala ya ha reconocido en las sentencias del Tribunal Supremo 420/2018 de 25 Sep. 2018, Rec. 10235/2018, 565/2018 de 19 Nov. 2018, Rec. 10279/2018, y 99/2019 de 26 Feb. 2019.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a su cita en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. 3 D 28004. Madrid.

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AGRAVANTE DE GÉNERO. Artículo 22.4 del Código Penal.

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AGRAVANTE DE GÉNERO. Artículo 22.4 del Código Penal.

el fundamento de las agravaciones recogidas en este apartado 4º reside en el mayor reproche penal que supone que el autor cometa los hechos motivado por sentirse superior a uno de los colectivos que en el mismo se citan y como medio para demostrar además a la víctima que la considera inferior.

Se lleva a cabo una situación de subyugación subyugación del sujeto activo sobre el pasivo, pero sin concretarse de forma exclusiva el ámbito de aplicación de la agravante sólo a las relaciones de pareja o ex pareja, sino en cualquier ataque a la mujer con efectos de dominación, por el hecho de ser mujer. Esta es la verdadera significación de la agravante de género.

La circunstancia mixta de parentesco prevista en el artículo 23 del Código Penal tiene un fundamento objetivo de agravación que se aplica siempre que medie entre autor y víctima las relaciones previstas en el mismo, mientras que la agravante de género prevista en el artículo 22.4º CP tiene un fundamento subjetivo, necesitando que concurra en el autor del delito una ánimo de mostrar su superioridad frente a la la víctima mujer y demostrarle que ésta es inferior por el mero hecho de serlo”.

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Metro: Alonso Martinez.

ES PRECEPTIVA LA PENA DE ALEJAMIENTO EN EL DELITO DE MALTRATO DE OBRA SIN CAUSAR LESIÓN DEL ARTÍCULO 153 CP?.

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ES PRECEPTIVA LA PENA DE ALEJAMIENTO EN EL DELITO DE MALTRATO DE OBRA SIN CAUSAR LESIÓN DEL ARTÍCULO 153 CP?.

Si, en virtud del Art. 57.2 del Código Penal. Sentencia 342/2018 de 10 Jul. 2018, Rec. 2704/2017.

En la Sentencia de Pleno 342/2018, de 10 de Julio, el Tribunal Supremo concluye, que el delito de maltrato de obra sin causar, lesión del Art. 153 del CP, si debe entenderse comprendido entre aquellos delitos para los que el apartado segundo del Art. 57 del CP, prevé la imposición preceptiva de la prohibición de aproximación, habida cuenta que cuando el Art. 57.1 del CP, habla de Lis delitos de lesiones esta última expresión no puede interpretarse desde un punto de vista gramatical- Art 147.1 y 2. CP ( el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión), porque cuando el Artículo 57.1 CP, enumera Lis delitos en general no lo hace en relación con delitos concretos, sino atendiendo a las rúbricas de los títulos del Libro II del CP.

Señala, esta resolución que tras la Reforma del CP, por LO 1/2015, de 30 de Marzo, en el Art 147 del CP, se incluye, en su apartado tercero el maltrato de obra sin causar, lesion que para el CP tras la reforma es, un delito de lesiones.

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C/ Mejia Lequerica, 3. 3* derecha. 28004- Madrid.

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CONVIVENCIA O NO EN EL MALTRATO DE PADRES A HIJOS.

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CONVIVENCIA O NO EN EL MALTRATO DE PADRES A HIJOS

Sentencia del Tribunal Supremo 47/2020, de 6 de febrero.

Señala el TS que «ni en la redacción inicial ni en las sucesivas modificaciones del tipo de malos tratos habituales, a cuya enumeración se remite el tipo de maltrato que no causen lesión, es exigido el requisito de la convivencia para integrar la condición de sujeto pasivo, para el cónyuge (plenamente clarificado desde la LO 14/1999) o persona ligada por análoga relación de afectividad, ni para los hijos propios o del cónyuge o conviviente, que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro.

Mientras que se exige en los demás casos; con una salvedad, en relación a los: i) descendientes (salvo los sujetos a potestad, tutela, curatela o guarda de hecho, pues cuentan con previsión específica individualizada); ii) ascendientes; y iii) hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente (parentesco no contemplado en las anteriores redacciones), que nada se indica expresamente sobre la exigencia de la convivencia…

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CASAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA.

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CASAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 217/2019 de 25 Abr. 2019, Rec. 1653/2018 al tratar de la vía de poder casar una sentencia absolutoria basándolo en el proceso de comprobación de la racionalidad de la inferencia llevada a cabo por la Audiencia Provincial que absolvió frente al hecho probado de condena del juez de lo penal.

Golpe propinado por un hombre a su pareja bajo la excusa de que «quería reanimarle».

Las Sentencias de los juzgados de lo Penal apelables ante las Audiencias Provinciales tienen cabida, en el Artículo 849.1 LECrm, y viable el acceso a la Casacion por el Art 847 LECrm. Tiene interés casaciónal. Incluye, el control del juicio de inferencia a través del Art 849.1 LECrm.

El TSJ modificó los hechos probados. Apelaríamos a la irracionalidad de la modificación en un tribunal de apelación que revisa la Sentencia y la revoca, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva del Art 24 CE tratando de acreditar, la irracionalidad del proceso de convicción.

El precepto vulnerado es el 22.4 CP con adecuacion en el Art 849.1 de la LECrm. en cuanto al precepto que se impugna pero con la base del Art 852 LECrm, por controlar, el juicio de inferencia y el proceso de racionalidad en esta valoración de la inferencia por la vía de la tutela judicial efectiva del Art 852 de la LECrm.

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TEDH. Derecho a la propia imagen y protección de la reputación personal

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Derecho a la propia imagen y protección de la reputación personal

  • Asunto: López Ribalda y otros c. España. GRAN SALA.
  • Sentencia de Gran Sala en el asunto López Ribalda y otros v. España (original en inglés) (PDF. 483 KB)
  • En el presente asunto las demandantes denunciaron la videovigilancia encubierta en la cadena de supermercados donde trabajaban por parte del empleador, con el fin de investigar una serie de robos en cantidades cuantiosas que venían produciéndose en el establecimiento. El empleador instaló cámaras visibles y cámaras ocultas en cada caja. La empresa informó a sus trabajadoras sobre las primeras, pero no sobre las segundas. Las demandantes fueron grabadas robando junto a otros trabajadores y en connivencia con clientes. Los hechos fueron finalmente aceptados por las demandantes en una reunión privada con representante sindical, siendo despedidas por la empresa por razones disciplinarias. A pesar de que las trabajadoras y el empleador llegaron a un acuerdo en el que una parte reconocía su participación en el robo y a no presentar demanda laboral, firmando el finiquito, y la otra parte se comprometió a no iniciar un proceso penal contra ellas, finalmente, las demandantes impugnaron la legalidad del despido ante la jurisdicción social. No obstante, los despidos fueron considerados procedentes en primera instancia y suplicación. El vídeo fue aceptado como prueba legalmente obtenida.Las demandantes pidieron del TEDH que se declarara una violación de los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada) y el artículo 6.1 (derecho a un juicio justo) del Convenio. Consideraban que la toma de imágenes sin previa comunicación por las cámaras ocultas había violado su derecho a la vida privada y que al aceptar los órganos jurisdiccionales la validez de la prueba videográfica no habrían sido enjuiciadas justamente. Asimismo estimaban que los acuerdos de transacción a los que habían llegado con la empresa en presencia del representante sindical y la suscripción de los finiquitos no habrían tenido validez por haberse concluido, en su opinión, bajo coacciones.El Estado opuso que se tratara de un conflicto entre particulares, de cuyo resultado no era responsable. Las autoridades españolas sancionan de manera efectiva la instalación de video vigilancia en los centros de trabajo sin previa comunicación a los trabajadores a través de la Agencia de Protección de Datos si hay una denuncia, por lo que cumpliría su obligación positiva de garantizar el respeto de las normas del Convenio. Además el Tribunal Constitucional, a partir de 2013, ha establecido que si la videograbación oculta incumplidora de la normativa de protección de datos es la única prueba para el despido, el mismo debe ser considerado nulo. Además las pruebas de los robos no eran exclusivamente las derivadas de las grabaciones ocultas, por los que los jueces habían tenido en cuenta también otros elementos relevantes para fijar los hechos. Por último, se consideraba que los acuerdos y finiquitos no se habían concluido en contra de lo establecido en el Convenio.La Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que:- En cuanto al artículo 6.1 del Convenio (derecho a un juicio justo), el Tribunal declara que no ha habido vulneración ya que, por un lado, a las demandantes se les ha permitido cuestionar la autenticidad de las grabaciones durante el proceso judicial y, por otro, las decisiones judiciales no se basaron únicamente en dichas grabaciones sino también en las declaraciones testificales. Tampoco considera que los acuerdos o los finiquitos se suscribieran bajo amenazas o coacciones por parte del empleador.En base al artículo 43 del Convenio y antes de que dicha sentencia deviniera firme, el Gobierno solicitó la remisión del asunto ante la Gran Sala, que ha dictado sentencia el 17 de septiembre en audiencia pública. Como resultado, la Gran Sala, en formación de 17 jueces, ha fallado lo siguiente:
    • 1. Desestima, por unanimidad, la objeción preliminar del Gobierno
    • 2. Declara, por catorce votos a tres, que no se ha vulnerado el art. 8 del Convenio
    • 3. Declara, por unanimidad, que no se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, respecto al uso como prueba de las grabaciones obtenidas mediante videovigilancia
    • 4. Declara, por unanimidad, que no se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, respecto a la aceptación de acuerdos de liquidación firmados por la tercera, cuarta y quinta demandantes. En virtud del artículo 44 del Convenio, dicha sentencia es firme

Abuso sexual. TEDH

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  • Asunto: González Nájera c. España (61047/13)
  • Fecha: 11/02/2014
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • González Najera c. España (PDF. 325 KB)
  • El demandante fue acusado por delitos de abuso sexual de menores cometidos aprovechándose de su condición de profesor de psicomotricidad de los mismos.En primera instancia la prueba consistió en el testimonio del acusado, de los padres de las víctimas, de dos tutores escolares de las mismas, la reproducción de los vídeos en los que las víctimas fueron entrevistadas por forenses psico-sociales, y la declaración de estos propios expertos forenses sobre su informe psico-social de los menores. Ninguna parte pidió que los menores testificaran en persona en el acto del juicio ni impugnó las pruebas practicadas. Resultó condenado a 12 años de prisión por la comisión de seis delitos de abuso sexual a menores y absuelto de otro más.El demandante recurrió la sentencia por considerar que se había quebrantado su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, pero fue confirmada.En el recurso de amparo argumentó que la petición de que las víctimas comparecieran en el acto de juicio debía haberla hecho al acusación porque a ella le incumbía la carga de probar y que, al no hacerlo, le había privado de su derecho a preguntar a las mismas, en detrimento de su derecho a un juicio justo contradictorio y de su presunción de inocencia. En su opinión, los vídeos no debían haber sido admitidos como pruebas pues se habían grabado sin intervención de su abogado. El Tribunal Constitucional rechazo el amparo.Ante el TEDH solicitó que se declarara la violación del derecho a un juicio justo (art 6§1 CEDH) por infracción de su derecho a la contradicción de los testigos ( art 6§3-d ) y por una inadecuada valoración de la prueba practicada.La demanda se considera manifiestamente mal fundada (Art 35§3-a CEDH) porque: El demandante no cumplió con sus cargas procesales (proponer o/y impugnar pruebas) y la prueba practicada fue suficiente para el enjuiciamiento y bien valorada por los Tribunales españoles.

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C/ Mejia Lequerixa, 3. Tercero derecha. 28004 – Madrid.

Metro: Alonso Martinez.

DERECHO A LA VIDA FAMILIAR. TEDH

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  • Asunto: Haddad v. España (16572/17).
  • Sentencia Haddad v. España (PDF. 370 KB)
  • El demandante y su esposa, ambos de nacionalidad siria, llegaron a España con 3 hijos menores. Un mes después de su llegada, la madre presentó una denuncia por maltrato contra el padre de los niños y demandante ante el Tribunal. A raíz de dicha denuncia, se abrió un procedimiento penal contra el demandante por violencia de género. El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Coslada, prohibió al demandante aproximarse y comunicarse con su esposa e hijos, confiriendo provisionalmente la guarda y custodia de los hijos a la madre y privando al padre de la patria potestad.En junio de 2012, la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid acordó asumir la tutela de los tres menores ante su situación de desamparo, a raíz de la petición de la esposa del demandante de que no podía ocuparse de sus hijos, y de la suspensión provisional del régimen de visitas del demandante.Poco después la madre se trasladó a Murcia, donde la Dirección de Política Social de la Región de Murcia inició un procedimiento de constitución de tutela y posterior acogimiento familiar de los menores con el fin de que pudiesen integrarse en una familia de acogida, dada su situación de desamparo.La administración informó sobre la falta de interés del padre respecto a la situación de sus hijos, así como de los intentos infructuosos de comunicarse con este en diversas ocasiones. Informa igualmente sobre la incapacidad de la madre para hacerse cargo de los menores. En consecuencia, los menores se asignan a los correspondientes centros de acogida, autorizándose para la más pequeña su acogimiento familiar en régimen pre-adoptivo.En septiembre de 2013, el demandante fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban, anulándose cualquier medida civil y penal adoptada.En noviembre de 2013, tras comunicar dicha sentencia al Servicio de Protección de Menores, el demandante solicita permiso para visitar a sus hijos, que es informado negativamente hasta que los menores presenten un estado psicológico emocional más estable.Recurrida dicha decisión, en febrero de 2016 el demandante recupera la custodia de sus dos hijos mayores. No obstante, respecto a la más pequeña, la Audiencia Provincial de Murcia ratifica su acogimiento familiar en régimen pre-adoptivo, considerándose que las consecuencias negativas que se derivarían del cese de esta acogida no recomiendan un cambio de su situación.El demandante recurre en amparo dicha resolución ante el Tribunal Constitucional, que lo desestima por ausencia de relevancia constitucional.El demandante invoca el artículo 8 del Convenio (derecho al respeto a la vida privada y familiar), alegando la falta de medidas para lograr el restablecimiento de su relación con su hija menor una vez absuelto de todos los cargos que se le imputaban, incluida la orden de alejamiento respecto de sus hijos.Apreciación del TribunalMediante sentencia de 18 de junio de 2019, el Tribunal declara:
    a)En cuanto a las causas de inadmisibilidad (falta de agotamiento de los recursos internos por no haber el demandante explicado ante el Tribunal Constitucional la especial trascendencia constitucional del asunto) considera que de hecho el recurso de amparo se refería a la posible contradicción con la jurisprudencia establecida por el TEDH en el asunto R.M.S. c. España. Por ello la excepción es desestimada.b)
    En cuanto al fondo el TEDH señala que el derecho a que un padre viva con sus hijos es parte del derecho a la vida familiar del art 8 del Convenio y que las medidas nacionales que lo impiden suponen una injerencia en dicho derecho. Las autoridades nacionales, no obstante, deben hallar en casos de conflicto un adecuado equilibrio entre el derecho a la vida familiar otros intereses que pueden ser concurrente –el mantenimiento del orden público y el interés superior del menor- y gozan de un margen de apreciación en este sentido.En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, si bien el demandante pide que se le ponga de inmediato en contacto con su hija, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, la situación del solicitante y de su hija a la luz de la presente sentencia y de la posibilidad de establecer una cualquier contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual de la niña y a su interés superior, y a tomar cualquier otra medida apropiado en el interés superior de la menor. En este sentido toma nota de la posibilidad de revisión de las sentencias firmes siempre que no perjudique a derechos adquiridos por terceros de buena fe, conforme a los arts 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Metro: Alonso Martinez

DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR.

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Derecho a la vida privada y familiar

  • Asunto: Omorefe v. España (69339/16)
  • Fecha: 23/06/2020
  • Violación del Convenio
  • Sentencia Omorefe c. España.
  • La demandante, Pat Omorefe, de nacionalidad nigeriana, tuvo un bebé prematuro en 2008. La relación con el padre del niño era conflictiva, ambos eran migrantes irregulares y en situación de desempleo. Los servicios sociales además informan de la falta de cuidados de la madre hacia el niño, con quien parecía tener dificultades para establecer un vínculo afectivo. En febrero de 2009, la demandante solicitó que su hijo fuera puesto bajo tutela en un centro de acogida gestionado por el Gobierno de Navarra. A continuación, el niño fue declarado en situación legal de desamparo y entregado en un centro de acogida. Tras el procedimiento debido se entregó en acogimiento preadoptivo, que se puede revertir si los padres biológicos cumplen una serie de condiciones.

    En julio de 2009, la demandante recurrió dicha decisión, recurso que fue inadmitido. Posteriormente, recurrió ante la Audiencia Provincial de Navarra, que admitió su recurso al considerar que la adopción del niño no podía tener lugar sin el consentimiento de la madre, anulándose la medida de acogida previa a la adopción de febrero de 2014.

    En marzo de 2014 la demandante solicitó que se le permitiera visitar a su hijo. Al no recibir respuesta de las autoridades competentes, presentó un recurso en el que se quejaba de la falta de reconocimiento de su derecho de visita. En junio de 2015, el juzgado de primera instancia le concedió el derecho de visita durante una hora al mes, para visitas supervisadas en un centro de reunión familiar.

    Mientras tanto, desde la Dirección General de Familia del Gobierno de Navarra se tomaron medidas para organizar la recepción previa a la adopción del menor por su familia de acogida, seguida de su adopción, presentando un informe en el que se mostraban los vínculos del niño con la familia de acogida, con la que había estado conviviendo durante cinco años, y también su desarrollo satisfactorio y evolución favorable.

    En octubre de 2015 la Audiencia Provincial de Navarra autorizó la adopción del hijo de la demandante, considerando que la falta de consentimiento de la madre biológica no era un obstáculo si dicha medida se tomaba en favor del mejor interés del menor. La demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió.

    Teniendo en cuenta las circunstancias particulares del presente caso y la necesidad urgente de poner fin a la violación del derecho de la demandante a que se respete su vida familiar, el Tribunal Europeo en su sentencia invita a las autoridades nacionales a que vuelvan a examinar, en un plazo breve, la situación de la demandante y de su hijo menor de edad y a que consideren la posibilidad de establecer cualquier tipo de contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual del niño y su interés superior, y a que adopten cualquier otra medida apropiada de conformidad con la sentencia. A este respecto, señala que la propia Audiencia Provincial, en su sentencia de 28 de octubre de 2015, indicó que sería conveniente “señalar la posibilidad (…) de adoptar en el futuro, si así se considera conveniente y se cumplen los requisitos legales, y siempre en el interés superior del menor, cualquier forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones con la madre biológica”. El Tribunal observa que no hubo contacto entre la demandante y su hijo, ni antes ni después de esta decisión y considera que la ejecución de la presente sentencia debe dar efecto a la decisión interna antes citada.

    El Tribunal considera, por tanto, que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar de la demandante (art. 8 del Convenio), y que la forma más adecuada de reparación en un caso como el presente, en el que el proceso llevado a cabo por las autoridades y los tribunales nacionales condujo a la adopción del hijo de la demandante por su familia de acogida, consiste en garantizar que la demandante se encuentre, en la medida de lo posible, en la situación en la que se encontraría si no se hubiera vulnerado su derecho. Señala que el Derecho interno prevé la posibilidad de revisar las decisiones firmes declaradas contrarias a alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, de conformidad con los artículos 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), “siempre que no perjudique los derechos adquiridos por terceros de buena fe”.

    En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, y para poner fin a la violación del derecho de la demandante al respeto de su vida familiar, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, el contacto de la demandante y de su hijo menor a la luz de la presente sentencia y de las decisiones dictadas por los órganos judiciales internos, y a tomar cualquier otra medida apropiada en interés superior del menor, así como a la posibilidad ya apuntada de revisar las sentencias firmes conforme a los artículos 510 y 511 LEC
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DERECHO A CORREGIR A LOS HIJOS.

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ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
Sentencia del Tribunal Supremo 654/2019, de 8 de Enero de 2020.

Ponente: D. Juan Ramón Berdugo Gómez De la Torre

DERECHO A CORREGIR A LOS HIJOS.

Los castigos físicos, perpetúan conductas violentas.

El simple hecho de golpear, incardina, la conducta, del acusado en el tipo penal contenido en el apartado Segundo del precepto en el que se contempla el supuesto en el que el agredido fuera alguna de las personas a las que se refiere, el Artículo 173. 2 del CP, entre las que se encuentran, los descendientes del agresor.

Aplicando la doctrina jurisprudencial al presente caso, en los hechos declarados probados se constata que el acusado propinó a su hijo una bofetada en la cabeza de entidad suficiente para causarle lesiones en oreja derecha y labio inferior, lo que determina la relevancia penal de dicha conducta de golpear por razón de su tipicidad ex art. 153 CP, infiriéndose el dolo en la propia actuación desarrollada por el acusado consistente en el golpe propinado, no amparado por dicho derecho de corrección, y no teniendo amparo en el ejercicio de la patria potestad, por tratarse de actos violentos que menoscaban la integridad física.

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