La adecuación del Código Penal, a la realidad actual, es, fundamental.

Los abusos sexuales, serán considerados violacion y tendrán, una pena máxima de quince años.

La Sentencia del caso de ” la manada”, se basó, en que el tribunal, no apreció, ni violencia, ni intimidación, en su actuación y los cinco hombres, fueron condenados, a una pena de nueve años de prision, por abusos sexuales. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ha confirmado, la condena, de nueve años de prision, que impuso la Audiencia Provincial de Navarra, a Lis cinco integrantes de ” la manada”, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento por los hechos ocurridos, durante los Sanfermines de 2016, con una Sentencia que ha dividido a la Sala, ya que dos de los cinco magistrados, pidieron, catorce años de prision, para los acusados, por un delito de agresión sexual, siendo esta, el mínimo legalmente previsto, para el mencionado delito, con las circunstancias, que aquí concurren.

Además, señala, la resolución, “no está probado, que la victima, prestara expresamente, su consentimiento a unas relaciones sexuales, ni que escuchara las afirmaciones, en este sentido, a la puerta del Hotel Europa, quedando retratada la denunciante”, ni mucho menos es, verosímil, ” que la victima consintiera, el maltrato, y la vejacion, la atmósfera opresiva y el prevalimiento de grupo en que se desarrolla la accion criminal”.

Asimismo, aseguran, que la declaración ofrecida, por la victima, en el acto del juicio oral, es, un testimonio, seguro y convincente y las afirmaciones de la victima, están corroboradas, con evidencias recogidas, en una prueba externa, profusa, suficiente y consecuente con el desarrollo incriminatirio y se confirma.El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ordena, a la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que una vez sea firme, la resolución, dicte una nueva, en relación al delito contra la intimidad de la victima, imputado.

La comisión de expertos en Derecho Penal, mantendrá la pena máxima de 15 años por agresión sexual, la misma que por homicidio, que se aplicará siempre que concurran dos circunstancias consideradas muy graves, como el uso de armas o un trato degradante o vejatorio a la víctima.

Se distingue si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implica una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión.

Se ha cuestionado, con intensidad, hasta el día de hoy, la credibilidad de las victimas de agresión sexual y no puede existir, una brecha tan profunda entre justicia y realidad social.

La Igualdad, es la finalidad de la Justicia.

Voto particular, en relación a la puesta en libertad, de los miembros de la manada:

El presidente de la sección, José Francisco Cobo, tiene una opinión totalmente contraria sobre la situación, por lo que en su voto particular al auto aboga por ordenar el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los cinco encausados a la espera de la sentencia definitiva del Supremo. La ley permitiría que pasasen en esta situación hasta dos años y medio más, hasta alcanzar la mitad de la condena de nueve años que ya tienen impuesta.

Cobo defiende que «la confirmación del señalado pronunciamiento condenatorio, teniendo en cuenta la gravedad de la pena impuesta, consolida y refuerza los factores que deben ser evaluados para apreciar que la medida cautelar personal es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional, concretado en la evitación de la sustracción a la acción de la justicia».

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/aparece-cadaver-nina-nueve-anos-signos-violacion-pakistan_201812285c2677080cf2524e6190ca50.html

https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2019/01/05/manada-callosa-den-sarria-cuatro/2104319.html

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-pillan-fraganti-manada-cuatro-hombres-abusando-joven-ebria-19-anos-alicante-201901050945_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha aplicado la perspectiva de género.

Implica, juzgar, dejando al margen los estereotipos y prejuicios, analizando el contexto en el que se producen los hecho, para poder interpretar la legislación de una manera correcta. 

El Tribunal Supremo, estimó, el recurso interpuesto por la víctima y el fiscal, y anulo, laSentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que impuso al condenado una pena de 12 años por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada (9 años y seis meses que ahora pasan a 14 años de prisión)-, y dos de maltrato habitual en el ámbito familiar (2 años y 8 meses de prisión que se quedan igual).

En cuanto a la condena por estos últimos delitos que ha sido confirmada, la sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, indica que el maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado en el tiempo, que crea una especie de “escenario del miedo”, y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima.

En este sentido, afirma que ese daño puede ser físico si se trata de agresiones que causan lesión o sin causarlas, o en expresiones que profiere el autor y constan probadas; como psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

Para el tribunal, no puede admitirse que el estado de pánico y terror que sufren las víctimas les suponga una “traba de credibilidad” cuando éstas deciden denunciarlo más tarde, ya que el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible entender veraz esa declaración por las especiales características de los hechos de maltrato ante una especie de “síndrome de Estocolmo”, como perfil típico en muchos casos de este tipo.

La sentencia del Tribunal Supremo destaca que el retraso en denunciar el maltrato “no supone merma en la credibilidad de las víctimas” y afirma que éstas lo silencian por miedo, temor a una agresión mayor, o a que las maten.

Sin embargo, ese silencio, continúa la sentencia, no pueden ir contra las mujeres cuando finalmente se deciden a contar los hechos a raíz de un hecho más grave, como es el caso, y que no tampoco puede ser considerado como una falta a la verdad por parte del agresor, cuando lo que relatan se refieren a un maltrato habitual.

El juez, además, realiza una interpretación de la legislación vigente para aplicarla específicamente a este caso.

En este sentido, afirma que “las víctimas presentan unas características especiales y autónomas en la consideración procesal de las mismas en su declaración en el plenario, y aunque la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito recogió una serie de derechos y los reguló de forma autónoma, lo cierto es que olvidó considerar de forma específica y especial a las víctimas del delito, ya que se trata no solo de testigos que han visto los hechos, sino de víctimas que los “han sufrido”.

Y en esa valoración, el Tribunal debe incidir en los parámetros que antes hemos señalado para apreciar si la víctima dice la verdad o falta a ella.

Así, aunque el acusado en su recurso alegaba que no existían denuncias previas por malos tratos anteriores, “es sabido que en el maltrato habitual la inexistencia de denuncias previas no es entendible como una declaración no cierta o inexacta, o que la víctima falta a la verdad, ya que la existencia de denuncias previas no es un requisito sine qua non exigido en la valoración de la prueba de la víctima en el delito de malos tratos”, afirma la sentencia.

La Sala acuerda, además, retirar la patria potestad de la hija al agresor que presenció cómo éste le asestaba ocho puñaladas a su madre, una pena que no estaba contemplada en la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real afirmaba que, pese a la gravedad de los hechos, no se había producido ningún comportamiento delictivo hacia la menor para imponer una pena tan drástica.

En contra de este criterio, el TS entiende que “no es preciso que se produzca un ataque directo al menor para que se proceda la imposición de esta pena, sino que el ataque a la propia madre de este menor por su propio padre, y con la clara intención de acabar con su vida, determina la imposición de la pena interesada de privación para el ejercicio de la patria potestad”.

Para Dona Gloria Poyatos, es “importantísimo que las propias sentencias del Tribunal Supremo español, desde todas sus Salas , integren la impartición de justicia con perspectiva de género y que expresamente lo refieran en las resoluciones, porque las mismas esculpen la jurisprudencia y tienen efectos jurídicos vinculantes para toda la carrera judicial”.

Por eso para esta magistrada “hay un antes y un después de esta sentencia del TS , que recuerda a las jerarquías judiciales inferiores que juzgar con perspectiva de género no es una opción del juez o la jueza sino un mandato legal imperativo de conformidad con lo previsto en el artículo 9.2º de la Constitución Española.

También es un mandato transversal contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LIEMH) que estipula que la igualdad de trato entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico”, afirma Dona Gloria Poyatos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17988

El Tribunal Constitucional, ha afirmado, en la Sentencia 41/1998, de 24 de febrero , lo siguiente: “… el que se estén investigando unos hechos delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar aquéllos, pues los funcionarios de Policía tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las diligencias de prevención.. “.

Y en la sentencia del mismo Tribunal 104/2006, de 3 de abril , se incide de nuevo en que es irrelevante que en dicha intervención se descubrieran otros hechos delictivos, pues como se sostuvo en la STC 41/1998, de 24 de febrero , “la Constitución no exige, en modo alguno, que el funcionario que se encuentra investigando unos hechos de apariencia delictiva cierre los ojos ante los indicios de delito que se presentaren a su vista, aunque los hallados casualmente sean distintos a los hechos comprendidos en su investigación oficial, siempre que ésta no sea utilizada fraudulentamente para burlar las garantías de los derechos fundamentales”.

En la STC 220/2009, de 21 de diciembre , se advierte que el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan en los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional (por todas, entre otras muchas, SSTC 49/1999, de 5 de abril ; 166/1999, de 27 de septiembre ; 167/2002, de 18 de septiembre ; 259/2005, de 24 de octubre ; 253/2006, de 11 de septiembre ; 197/2009, de 28 de septiembre ).

En la jurisdicción ordinaria, la STS 717/2016, de 27 de septiembre , remarca que cuando se trata de investigaciones realizadas mediante intervenciones telefónicas, entre los requisitos que deben ser observados se encuentra el de la especialidad de la medida , en el sentido de que la intervención debe de estar orientada hacia la investigación de un delito concreto, sin que sean lícitas las observaciones encaminadas a una prospección sobre la conducta de una persona en general.

Lo que no excluye que los hallazgos casuales sugerentes de la posible comisión de otros delitos distintos no sean válidos, sino que la continuidad en la investigación de ese hecho delictivo nuevo requiere de una renovada autorización judicial (en este sentido, entre otras, SSTS 468/2012, de 11 de junio ; 157/2014, de 5 de marzo ; 425/2014, de 28 de mayo ; 499/2014, de 17 de junio ).

En la STS 1060/2013, de 23 de setiembre , se transcribe la STS 777/2012, de 17 de octubre , en la que se dice lo siguiente:

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha declarado repetidamente que el hallazgo casual, es decir, el elemento probatorio novedoso que no está inicialmente abarcado por el principio de especialidad, puede ser utilizado en el propio o distinto procedimiento, bien por tratarse de un delito flagrante o bien por razones de conexidad procesal, siempre que, advertido el hallazgo, el juez resuelva expresamente continuar con la investigación para el esclarecimiento de ese nuevo delito, ante la existencia de razones basadas en los principios de proporcionalidad e idoneidad.

El hallazgo no solamente se proyecta hacia el futuro, como en el caso de unas intervenciones telefónicas en donde resultan indicios de la comisión de otros delitos diferentes a los investigados, sino que también puede producirse hacia el pasado, como cuando en el curso de un registro domiciliario aparecen evidencias de otros ilícitos, o cuando las intervenciones telefónicas pueden arrojar datos sustanciosos acerca de la participación de los comunicantes en hechos no inicialmente investigados por esa vía, con tal que, como hemos dicho, tal línea de investigación sea puesta de manifiesto ante el juez, y éste, valorando los intereses en juego, acceda a su incorporación al proceso, conjugando un elemental principio de proporcionalidad.

Se trata, en suma, de aquellos descubrimientos casuales que pueden aportar luz para el esclarecimiento de los hechos de carácter novedoso (puesto que permanecían ocultos), y que han de ser investigados, siempre que la autoridad judicial pondere su importancia, salvaguarde el principio de especialidad y justifique su necesidad y proporcionalidad.

Y, por último, en la STS 616/2012, de 10 de julio , se afirma que por la denominada doctrina del hallazgo casual se legitiman aquellas evidencias probatorias que inesperadamente aparecen en el curso de una intervención telefónica, eventualmente en un registro domiciliario, de forma totalmente imprevista, aunque la doctrina de esta Sala ha exigido que, para continuar con la investigación de esos elementos nuevos y sorpresivos, se han de ampliar las escuchas, con fundamento en el principio de especialidad, a través del dictado de una nueva resolución judicial que legitime tal aparición y reconduzca la investigación, con los razonamientos que sean precisos, para continuar legalmente con la misma.

En el propio sentido, la STS 768/2007, de 1 de octubre , declara que la doctrina de esta Sala ha entendido que el hecho de que el hallazgo de elementos probatorios de un determinado delito se produzca en el curso de la investigación autorizada para otro delito distinto no supone la nulidad de tal hallazgo como prueba de cargo.

La punición de la vulneración de los secretos de empresa, en sus diversas modalidades, se regula en los artículos 278, 279 y 280 CP.

En el artículo 278 CP se sanciona el apoderamiento “por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197”, así como su difusión, revelación o cesión a terceros de los secretos descubiertos.

En el art.279 CP se castiga específicamente a quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva y, finalmente, en el art.280 CP se sanciona a quien con conocimiento de su origen ilícito , y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas antes descritas.

Se trata de una protección penal ante la competencia, sancionando las conductas que se considera merecedoras de reproche penal por suponer un ejercicio de competencia desleal no aceptable.

Se castiga a quienes atentan a la competencia de la forma más grave posible, por afectar a la capacidad competitiva de la empresa, disminuyendo sus posibilidades de negocio.

La acción se proyecta sobre el secreto de empresa , en cuanto valor que supone la información que tiene una empresa y que de ser conocida por terceros afectará a su competitividad.

Son datos que deben permanecer ocultos pues si llegan a ser conocidos indebidamente por terceros, se distorsiona el mercado. Por ejemplo: listas de clientes, proveedores, organización interna de la empresa y secretos industriales (como las formulas de la producción y el estado de la investigación propia) así como el

conjunto de relaciones institucionales básicas para la empresa, entre las que cabe destacar sus relaciones con Hacienda.

Los requisitos del “secreto de empresa”, para ser tal, son :

– confidencialidad

-exclusividad

-valor económico

-licitud

Y en cuanto a las clases, cabe hablar de :

Los de naturaleza técnica o industrial (objeto o giro de la empresa)

Los de orden comercial (clientela o marketing)

Los organizativos (cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de la empresa)

En definitiva, se tutelan los ataques contra la confidencialidad de la empresa que van a afectar a su capacidad competitiva, esto es, siempre que tengan la virtualidad de perjudicarla.

Estas conductas son dolosas, pero es que además, se requiere un dolo específico consistente en el ánimo de descubrir los secretos y de ese modo afectar al mercado.

En consonancia con lo indicado, se comprende que la jurisprudencia ( STS 16-12-2008, RC 491/2008), condene a un ex trabajador de una gestoría, que crea otra y se lleva los clientes de la primera, los cuales se descubren en su ordenador; lo cual integra el tipo privilegiado del art.279 último párrafo, pues no se transmite el secreto de empresa a terceros sino que se utiliza en beneficio propio. (En concreto se descubrió que la empresa B, tenía un listado de clientes, que en el 97 por 100 coincidían con la empresa A).

Por otra parte , que la clientela o listado de proveedores y clientes , constituyen secreto de empresa, ya lo dijo la STS 285/2008, de 12 de mayo, ya que tales listas son elementos importantes para conservar y afianzar un mercado frente a otros competidores, que las empresas guardan celosamente en sus ordenadores y que quieren mantener al margen del conocimiento de otras de la competencia.

En el caso, esta apropiación de los clientes se realizó de forma inmediata, pues el condenado causó baja voluntaria en la primera empresa un 5 de octubre, habiéndose creado la nueva empresa el día 2 del mismo mes y año.

En el caso, esta apropiación de los clientes se realizó de forma inmediata, pues el condenado causó baja voluntaria en la primera empresa un 5 de octubre, habiéndose creado la nueva empresa el día 2 del mismo mes y año.

De igual modo, la STS 12-2008, RC 1467/2007 castiga a un Director comercial que , con infracción del pacto de no concurrencia durante los dos años siguientes a finalizar su relación laboral con la empresa en la que venía trabajando, se integra en otra nueva, recopilando datos comerciales de ésta, que incorporó a la nueva empresa, “con clara competencia” con la primera.

Se trata de una “cesión de secretos de empresa” , conducta integrada en el art.279.1 CP, que sanciona a quienes ceden información sensible de una empresa que, en virtud del deber extrapenal específico de guardar secreto, les corresponde a quienes cesan en una empresa y conocen dicha información por haber accedido a ella durante la vigencia del contrato.

El “secreto” vulnerado comprendía: la catalogación de productos, descripción gráfica, precios de adquisición y venta al público, listado de proveedores y clientes , tanto en soporte papel como en ficheros informatizados.

Por el contrario, se absuelve del delito del art.279 CP, por no haberse acusado expresamente -y sí por la vía del art.199 1 y 200- a una ex empleada de una empresa de plásticos que tras haber trabajado durante varios años como auxiliar administrativa, presenta ante la Inspección de la Agencia Tributaria , denuncia de que dicha empresa llevaba varias contabilidades, facturaciones paralelas y otras irregularidades fiscales.

Tal condena, dice la Sentencia, supondría infringir el principio acusatorio ( SAP 3a de Alicante , 27-9-2011 No 493/2011).

En definitiva, las sanciones o absoluciones de esta otra conducta, relacionada con el art.197 y ss CP, giran en torno al valor de la información ilícitamente conseguida, revelada o utilizada, no bastando referir, que se trataba de información sensible, esto es, de una gran relevancia .

En relación al alcance y requisitos de la prueba indiciaria, tiene declarado el Tribunal Constitucional, que desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre , se ha sostenido que, a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: a) que parta de hechos plenamente probados, y b) que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria ( SSTC 174/1985 y 175/1985, ambas de 17 de diciembre ; 24/1997, de 11 de febrero ; 189/1998, de 28 de septiembre ; 220/1998, de 16 de noviembre ; 44/2000, de 14 de febrero ; 124/2001, de 4 de junio ; 17/2002, de 28 de enero ).

El control de la razonabilidad del discurso, esto es, de la solidez de la inferencia puede llevarse a cabo tanto desde el canon de su lógica o coherencia (siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente (excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia).

En este último caso, este Tribunal afirma que ha de ser especialmente cauteloso, por cuanto son los órganos judiciales los únicos que tienen un conocimiento preciso, completo y adquirido con todas las garantías de la actividad probatoria, especialmente por factores derivados de la inmediación.

Por ello, se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento «cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada» ( SSTC 189/1998, de 28 de septiembre ; 220/1998, de 16 de noviembre ; 120/1999, de 28 de junio ; 44/2000, de 14 de febrero ; 155/2002, de 22 de julio ).

Igualmente tiene declarado esta Sala del Tribunal Supremo (cfr. sentencias 4 de enero , 5 de febrero , 8 y 15 de marzo , 10 y 15 de abril y 11 de septiembre de 1991 , 507/1996, de 13 de julio , 628/1996, de 27 de septiembre , 819/1996, de 31 de octubre , 901/1996, de 19 de noviembre , 12/1997, de 17 de enero y 41/1997, de 21 de enero , y de 18 de enero de 1999 , entre otras muchas posteriores) que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar tal presunción constitucional.

Se coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito.

El Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, ha fijado su postura respecto a la incidencia en el procedimiento de la Ley del Jurado de las nuevas reglas de conexión del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto del acuerdo es el siguiente:

1.- De los delitos que se enumeran en el art 1.2 de la ley reguladora, siempre y sólo conocerá el Tribunal del Jurado.

Si se ha de conocer de varios delitos que todos sean competencia del Tribunal del Jurado, como regla general se seguirá un procedimiento para cada uno de ellos sin acumulación de causas. Será excepción la prevista en el nuevo art 17 de la Ley de enjuiciamiento criminal: serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

2.- También conocerá de las causas que pudieran seguirse por otros delitos cuya competencia no le esté en principio atribuida en los casos en que resulte ineludiblemente impuesta la acumulación pero que sean conexos.

3.- La procedencia de tal acumulación derivará de la necesidad de evitar la ruptura de la continencia de la causa. Se entiende que no existe tal ruptura si es posible que respecto de alguno o algunos de los delitos pueda recaer sentencia de fallo condenatorio o absolutorio y respecto de otro u otros pueda recaer otra sentencia de sentido diferente.

4.- Existirá conexión determinante de la acumulación en los supuestos del art 5 de la LOTJ.

5.- Que en el supuesto del art 5.2 a, se entenderá que también concurre la conexión conforme al actual art 17.6o cuando se trate de delitos cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos

Cuando se atribuyan a una sola persona varios hechos delictivos cometidos simultáneamente en unidad temporo-espacial y uno de ellos sea competencia del Tribunal del Jurado, se considerarán delitos conexos por analogía con lo dispuesto en el artículo 5.2.a) de la LOTJ, por lo que, si deben enjuiciarse en un único procedimiento, el Tribunal del Jurado mantendrá su competencia sobre el conjunto,

6.- En los casos de relación funcional entre dos delitos (para perpetrar, facilitar ejecución o procurar impunidad) si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al artículo. 5.2.c) de la Ley del Tribunal del Jurado, se estimará que existe conexión conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos.

7.- No obstante en tales supuesto de conexión por relación funcional, la acumulación debe subordinarse a un estricta interpretación del requisito de evitación de la ruptura de la continencia, especialmente cuando el delito atribuido al Jurado es de escasa gravedad y el que no es en principio de su competencia resulta notoriamente más grave o de los excluidos de su competencia precisamente por la naturaleza del delito.

8.- Tampoco conocerá el Tribunal del Jurado del delito de prevaricación aunque resulte conexo a otro competencia de aquél.

Pero sí podrá conocer, de mediar tal conexión, del delito de homicidio no consumado

9.- Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos será competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento.

Asimismo, cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado será competente el Tribunal del Jurado si éste fuere de los atribuidos a su conocimiento.

10.- A los efectos del art 17.2.3 de la ley de enjuiciamiento criminal se considerarán conexos los diversos delitos atribuidos a la misma persona en los que concurra, además de analogía entre ellos, una relación temporal y espacial determinante de la ineludible necesidad de su investigación y prueba en conjunto, aunque la competencia objetiva venga atribuida a órganos diferentes.

En tales casos, si de uno de los delitos debiera conocer el Tribunal del Jurado, se estará a lo establecido enel apartado 5 párrafo segundo de este acuerdo.

<<El deber de motivación de las sentencias dictadas en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado está fuera de toda duda.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (cfr. SSTC 246/2004, 20 de diciembre , 169/2004, 6 de octubre y 188/1999, 25 de octubre ) recuerda que el art. 125 de la CE defiere al legislador la forma en que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, destacando que, aun asumiendo el diferente nivel de la exigencia de motivación entre sentencias condenatorias y absolutorias y las dificultades que puede suponer para un órgano integrado por personas no técnicas la motivación de sus decisiones, el legislador ha optado en nuestro sistema por imponer al Jurado la exigencia de una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados, conectado con la previsión constitucional de que «las sentencias serán siempre motivadas» ( art. 120.3 CE ); de modo que «la falta de la sucinta explicación a la que se refiere el art. 61.1 d) LOTJ constituye una falta de la exigencia de motivación, proyectada al Jurado, que impone el art. 120.3 CE y supone, en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en su vertiente de derecho a obtener una resolución razonablemente razonada y fundada en Derecho, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho ( art. 1 CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada en el carácter vinculante de la Ley, cuya finalidad última es la interdicción de la arbitrariedad, mediante la introducción de un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de las resoluciones por los Tribunales superiores mediante los recursos que legalmente procedan (por todas, STC 221/2001, de 31 de octubre ).

A la vista, pues, del cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre la materia, se pueden extraer algunas ideas rectoras para el análisis de la suficiencia de cualquier veredicto pronunciado por el Jurado. La primera, que el deber de motivación impuesto legalmente al Jurado no puede desconectarse de la condición de sus integrantes como personas no técnicas en derecho, lo que obliga a admitir, siempre que así resulte posible, ciertos deslices conceptuales y una terminología, en ocasiones, no especialmente certera.

En segundo lugar, que el nivel de exigencia ha de modularse de manera diferente en función de que el Jurado suscriba un pronunciamiento de culpabilidad o inculpabilidad, debiendo ser, en este último caso, menos riguroso, pudiendo bastar al respecto la expresión de dudas acerca de la autoría del acusado.

Por otra parte, no es necesario dar respuestas acabadas y absolutamente detalladas, sin que sea exigible al Jurado llevar a cabo un minucioso y exhaustivo análisis de toda la actividad probatoria desplegada por las partes.>>