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Derecho a la propia imagen y protección de la reputación personal

• Asunto: López Ribalda y otros c. España. GRAN SALA.
• Sentencia de Gran Sala en el asunto López Ribalda y otros v. España (original en inglés) (PDF. 483 KB)
• En el presente asunto las demandantes denunciaron la videovigilancia encubierta en la cadena de supermercados donde trabajaban por parte del empleador, con el fin de investigar una serie de robos en cantidades cuantiosas que venían produciéndose en el establecimiento. El empleador instaló cámaras visibles y cámaras ocultas en cada caja. La empresa informó a sus trabajadoras sobre las primeras, pero no sobre las segundas. Las demandantes fueron grabadas robando junto a otros trabajadores y en connivencia con clientes. Los hechos fueron finalmente aceptados por las demandantes en una reunión privada con representante sindical, siendo despedidas por la empresa por razones disciplinarias. A pesar de que las trabajadoras y el empleador llegaron a un acuerdo en el que una parte reconocía su participación en el robo y a no presentar demanda laboral, firmando el finiquito, y la otra parte se comprometió a no iniciar un proceso penal contra ellas, finalmente, las demandantes impugnaron la legalidad del despido ante la jurisdicción social. No obstante, los despidos fueron considerados procedentes en primera instancia y suplicación. El vídeo fue aceptado como prueba legalmente obtenida.Las demandantes pidieron del TEDH que se declarara una violación de los artículos 8 (derecho al respeto de la vida privada) y el artículo 6.1 (derecho a un juicio justo) del Convenio. Consideraban que la toma de imágenes sin previa comunicación por las cámaras ocultas había violado su derecho a la vida privada y que al aceptar los órganos jurisdiccionales la validez de la prueba videográfica no habrían sido enjuiciadas justamente. Asimismo estimaban que los acuerdos de transacción a los que habían llegado con la empresa en presencia del representante sindical y la suscripción de los finiquitos no habrían tenido validez por haberse concluido, en su opinión, bajo coacciones.El Estado opuso que se tratara de un conflicto entre particulares, de cuyo resultado no era responsable. Las autoridades españolas sancionan de manera efectiva la instalación de video vigilancia en los centros de trabajo sin previa comunicación a los trabajadores a través de la Agencia de Protección de Datos si hay una denuncia, por lo que cumpliría su obligación positiva de garantizar el respeto de las normas del Convenio. Además el Tribunal Constitucional, a partir de 2013, ha establecido que si la videograbación oculta incumplidora de la normativa de protección de datos es la única prueba para el despido, el mismo debe ser considerado nulo. Además las pruebas de los robos no eran exclusivamente las derivadas de las grabaciones ocultas, por los que los jueces habían tenido en cuenta también otros elementos relevantes para fijar los hechos. Por último, se consideraba que los acuerdos y finiquitos no se habían concluido en contra de lo establecido en el Convenio.La Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que:- En cuanto al artículo 6.1 del Convenio (derecho a un juicio justo), el Tribunal declara que no ha habido vulneración ya que, por un lado, a las demandantes se les ha permitido cuestionar la autenticidad de las grabaciones durante el proceso judicial y, por otro, las decisiones judiciales no se basaron únicamente en dichas grabaciones sino también en las declaraciones testificales. Tampoco considera que los acuerdos o los finiquitos se suscribieran bajo amenazas o coacciones por parte del empleador.En base al artículo 43 del Convenio y antes de que dicha sentencia deviniera firme, el Gobierno solicitó la remisión del asunto ante la Gran Sala, que ha dictado sentencia el 17 de septiembre en audiencia pública. Como resultado, la Gran Sala, en formación de 17 jueces, ha fallado lo siguiente:
  • 1. Desestima, por unanimidad, la objeción preliminar del Gobierno
  • 2. Declara, por catorce votos a tres, que no se ha vulnerado el art. 8 del Convenio
  • 3. Declara, por unanimidad, que no se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, respecto al uso como prueba de las grabaciones obtenidas mediante videovigilancia
  • 4. Declara, por unanimidad, que no se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio, respecto a la aceptación de acuerdos de liquidación firmados por la tercera, cuarta y quinta demandantes. En virtud del artículo 44 del Convenio, dicha sentencia es firme

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• Asunto: González Nájera c. España (61047/13)
• Fecha: 11/02/2014
• Sentencia resumen: Inadmisión
• González Najera c. España (PDF. 325 KB)
• El demandante fue acusado por delitos de abuso sexual de menores cometidos aprovechándose de su condición de profesor de psicomotricidad de los mismos.En primera instancia la prueba consistió en el testimonio del acusado, de los padres de las víctimas, de dos tutores escolares de las mismas, la reproducción de los vídeos en los que las víctimas fueron entrevistadas por forenses psico-sociales, y la declaración de estos propios expertos forenses sobre su informe psico-social de los menores. Ninguna parte pidió que los menores testificaran en persona en el acto del juicio ni impugnó las pruebas practicadas. Resultó condenado a 12 años de prisión por la comisión de seis delitos de abuso sexual a menores y absuelto de otro más.El demandante recurrió la sentencia por considerar que se había quebrantado su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, pero fue confirmada.En el recurso de amparo argumentó que la petición de que las víctimas comparecieran en el acto de juicio debía haberla hecho al acusación porque a ella le incumbía la carga de probar y que, al no hacerlo, le había privado de su derecho a preguntar a las mismas, en detrimento de su derecho a un juicio justo contradictorio y de su presunción de inocencia. En su opinión, los vídeos no debían haber sido admitidos como pruebas pues se habían grabado sin intervención de su abogado. El Tribunal Constitucional rechazo el amparo.Ante el TEDH solicitó que se declarara la violación del derecho a un juicio justo (art 6§1 CEDH) por infracción de su derecho a la contradicción de los testigos ( art 6§3-d ) y por una inadecuada valoración de la prueba practicada.La demanda se considera manifiestamente mal fundada (Art 35§3-a CEDH) porque: El demandante no cumplió con sus cargas procesales (proponer o/y impugnar pruebas) y la prueba practicada fue suficiente para el enjuiciamiento y bien valorada por los Tribunales españoles.

Deje, por favor sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a su cita, en despacho profesional.

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• Asunto: Haddad v. España (16572/17).
• Sentencia Haddad v. España (PDF. 370 KB)
• El demandante y su esposa, ambos de nacionalidad siria, llegaron a España con 3 hijos menores. Un mes después de su llegada, la madre presentó una denuncia por maltrato contra el padre de los niños y demandante ante el Tribunal. A raíz de dicha denuncia, se abrió un procedimiento penal contra el demandante por violencia de género. El Juzgado de Violencia contra la Mujer de Coslada, prohibió al demandante aproximarse y comunicarse con su esposa e hijos, confiriendo provisionalmente la guarda y custodia de los hijos a la madre y privando al padre de la patria potestad.En junio de 2012, la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid acordó asumir la tutela de los tres menores ante su situación de desamparo, a raíz de la petición de la esposa del demandante de que no podía ocuparse de sus hijos, y de la suspensión provisional del régimen de visitas del demandante.Poco después la madre se trasladó a Murcia, donde la Dirección de Política Social de la Región de Murcia inició un procedimiento de constitución de tutela y posterior acogimiento familiar de los menores con el fin de que pudiesen integrarse en una familia de acogida, dada su situación de desamparo.La administración informó sobre la falta de interés del padre respecto a la situación de sus hijos, así como de los intentos infructuosos de comunicarse con este en diversas ocasiones. Informa igualmente sobre la incapacidad de la madre para hacerse cargo de los menores. En consecuencia, los menores se asignan a los correspondientes centros de acogida, autorizándose para la más pequeña su acogimiento familiar en régimen pre-adoptivo.En septiembre de 2013, el demandante fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban, anulándose cualquier medida civil y penal adoptada.En noviembre de 2013, tras comunicar dicha sentencia al Servicio de Protección de Menores, el demandante solicita permiso para visitar a sus hijos, que es informado negativamente hasta que los menores presenten un estado psicológico emocional más estable.Recurrida dicha decisión, en febrero de 2016 el demandante recupera la custodia de sus dos hijos mayores. No obstante, respecto a la más pequeña, la Audiencia Provincial de Murcia ratifica su acogimiento familiar en régimen pre-adoptivo, considerándose que las consecuencias negativas que se derivarían del cese de esta acogida no recomiendan un cambio de su situación.El demandante recurre en amparo dicha resolución ante el Tribunal Constitucional, que lo desestima por ausencia de relevancia constitucional.El demandante invoca el artículo 8 del Convenio (derecho al respeto a la vida privada y familiar), alegando la falta de medidas para lograr el restablecimiento de su relación con su hija menor una vez absuelto de todos los cargos que se le imputaban, incluida la orden de alejamiento respecto de sus hijos.Apreciación del TribunalMediante sentencia de 18 de junio de 2019, el Tribunal declara:
  a)En cuanto a las causas de inadmisibilidad (falta de agotamiento de los recursos internos por no haber el demandante explicado ante el Tribunal Constitucional la especial trascendencia constitucional del asunto) considera que de hecho el recurso de amparo se refería a la posible contradicción con la jurisprudencia establecida por el TEDH en el asunto R.M.S. c. España. Por ello la excepción es desestimada.b)
  En cuanto al fondo el TEDH señala que el derecho a que un padre viva con sus hijos es parte del derecho a la vida familiar del art 8 del Convenio y que las medidas nacionales que lo impiden suponen una injerencia en dicho derecho. Las autoridades nacionales, no obstante, deben hallar en casos de conflicto un adecuado equilibrio entre el derecho a la vida familiar otros intereses que pueden ser concurrente –el mantenimiento del orden público y el interés superior del menor- y gozan de un margen de apreciación en este sentido.En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, si bien el demandante pide que se le ponga de inmediato en contacto con su hija, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, la situación del solicitante y de su hija a la luz de la presente sentencia y de la posibilidad de establecer una cualquier contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual de la niña y a su interés superior, y a tomar cualquier otra medida apropiado en el interés superior de la menor. En este sentido toma nota de la posibilidad de revisión de las sentencias firmes siempre que no perjudique a derechos adquiridos por terceros de buena fe, conforme a los arts 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a su cita en despacho profesional.

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Derecho a la vida privada y familiar

• Asunto: Omorefe v. España (69339/16)
• Fecha: 23/06/2020
• Violación del Convenio
• Sentencia Omorefe c. España.
• La demandante, Pat Omorefe, de nacionalidad nigeriana, tuvo un bebé prematuro en 2008. La relación con el padre del niño era conflictiva, ambos eran migrantes irregulares y en situación de desempleo. Los servicios sociales además informan de la falta de cuidados de la madre hacia el niño, con quien parecía tener dificultades para establecer un vínculo afectivo. En febrero de 2009, la demandante solicitó que su hijo fuera puesto bajo tutela en un centro de acogida gestionado por el Gobierno de Navarra. A continuación, el niño fue declarado en situación legal de desamparo y entregado en un centro de acogida. Tras el procedimiento debido se entregó en acogimiento preadoptivo, que se puede revertir si los padres biológicos cumplen una serie de condiciones.
  
  En julio de 2009, la demandante recurrió dicha decisión, recurso que fue inadmitido. Posteriormente, recurrió ante la Audiencia Provincial de Navarra, que admitió su recurso al considerar que la adopción del niño no podía tener lugar sin el consentimiento de la madre, anulándose la medida de acogida previa a la adopción de febrero de 2014.
  
  En marzo de 2014 la demandante solicitó que se le permitiera visitar a su hijo. Al no recibir respuesta de las autoridades competentes, presentó un recurso en el que se quejaba de la falta de reconocimiento de su derecho de visita. En junio de 2015, el juzgado de primera instancia le concedió el derecho de visita durante una hora al mes, para visitas supervisadas en un centro de reunión familiar.
  
  Mientras tanto, desde la Dirección General de Familia del Gobierno de Navarra se tomaron medidas para organizar la recepción previa a la adopción del menor por su familia de acogida, seguida de su adopción, presentando un informe en el que se mostraban los vínculos del niño con la familia de acogida, con la que había estado conviviendo durante cinco años, y también su desarrollo satisfactorio y evolución favorable.
  
  En octubre de 2015 la Audiencia Provincial de Navarra autorizó la adopción del hijo de la demandante, considerando que la falta de consentimiento de la madre biológica no era un obstáculo si dicha medida se tomaba en favor del mejor interés del menor. La demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió.
  
  Teniendo en cuenta las circunstancias particulares del presente caso y la necesidad urgente de poner fin a la violación del derecho de la demandante a que se respete su vida familiar, el Tribunal Europeo en su sentencia invita a las autoridades nacionales a que vuelvan a examinar, en un plazo breve, la situación de la demandante y de su hijo menor de edad y a que consideren la posibilidad de establecer cualquier tipo de contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual del niño y su interés superior, y a que adopten cualquier otra medida apropiada de conformidad con la sentencia. A este respecto, señala que la propia Audiencia Provincial, en su sentencia de 28 de octubre de 2015, indicó que sería conveniente “señalar la posibilidad (…) de adoptar en el futuro, si así se considera conveniente y se cumplen los requisitos legales, y siempre en el interés superior del menor, cualquier forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones con la madre biológica”. El Tribunal observa que no hubo contacto entre la demandante y su hijo, ni antes ni después de esta decisión y considera que la ejecución de la presente sentencia debe dar efecto a la decisión interna antes citada.
  
  El Tribunal considera, por tanto, que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar de la demandante (art. 8 del Convenio), y que la forma más adecuada de reparación en un caso como el presente, en el que el proceso llevado a cabo por las autoridades y los tribunales nacionales condujo a la adopción del hijo de la demandante por su familia de acogida, consiste en garantizar que la demandante se encuentre, en la medida de lo posible, en la situación en la que se encontraría si no se hubiera vulnerado su derecho. Señala que el Derecho interno prevé la posibilidad de revisar las decisiones firmes declaradas contrarias a alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, de conformidad con los artículos 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), “siempre que no perjudique los derechos adquiridos por terceros de buena fe”.
  
  En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, y para poner fin a la violación del derecho de la demandante al respeto de su vida familiar, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, el contacto de la demandante y de su hijo menor a la luz de la presente sentencia y de las decisiones dictadas por los órganos judiciales internos, y a tomar cualquier otra medida apropiada en interés superior del menor, así como a la posibilidad ya apuntada de revisar las sentencias firmes conforme a los artículos 510 y 511 LEC
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ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
Sentencia del Tribunal Supremo 654/2019, de 8 de Enero de 2020.

Ponente: D. Juan Ramón Berdugo Gómez De la Torre

DERECHO A CORREGIR A LOS HIJOS.

Los castigos físicos, perpetúan conductas violentas.

El simple hecho de golpear, incardina, la conducta, del acusado en el tipo penal contenido en el apartado Segundo del precepto en el que se contempla el supuesto en el que el agredido fuera alguna de las personas a las que se refiere, el Artículo 173. 2 del CP, entre las que se encuentran, los descendientes del agresor.

Aplicando la doctrina jurisprudencial al presente caso, en los hechos declarados probados se constata que el acusado propinó a su hijo una bofetada en la cabeza de entidad suficiente para causarle lesiones en oreja derecha y labio inferior, lo que determina la relevancia penal de dicha conducta de golpear por razón de su tipicidad ex art. 153 CP, infiriéndose el dolo en la propia actuación desarrollada por el acusado consistente en el golpe propinado, no amparado por dicho derecho de corrección, y no teniendo amparo en el ejercicio de la patria potestad, por tratarse de actos violentos que menoscaban la integridad física.

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• Asunto: M.L.R. c. España (22353/14)
• Fecha: 24/05/2016
• Sentencia resumen: Inadmisión
• Decisión M.L.R. c. España (PDF. 111 KB)
• La demandante es madre de seis hijos. Los tres primeros viven con su padre, anterior marido. Ante el deficiente cuidado que proporcionaba, junto con su nueva pareja, a los dos siguientes, los servicios sociales le proporcionaron ayudas y un programa de mejora de la situación familiar. Al no cumplir con el programa y verse afectado el bienestar de los menores, se les declaró en situación de desamparo y quedaron acogidos por la Administración competente, quien promovió su acogimiento pre adoptivo en otra familia. La declaración de desamparo fue recurrida judicialmente, solicitando su anulación o, subsidiariamente, el establecimiento de un régimen de visitas. Negada la solicitud en primera instancia y en apelación, el Tribunal Superior de Justica, en casación, casa parcialmente las anteriores sentencias en el sentido de que si bien se había declarado administrativamente el desamparo la cesación de los contactos con la familia biológica sólo podía acordarse motivadamente por la autoridad judicial. En ejecución de la sentencia de casación, la Administración reevalúa con numerosos estudios y antecedentes la situación de los menores, concluyendo que una reanudación del contacto con la familia biológica atentaría gravemente contra el bienestar de los menores. En el ínterin, los padres biológicos se habían trasladado a residir a Portugal, , habían tenido otro hijo y las autoridades portuguesas se encontraban vigilando la situación de deficiente cuidado en la que este último se encontraba. Se deniega, por lo tanto, la reanudación de la visitas y se concede el derecho de recurrir ex novo jurisdiccionalmente el acto administrativo. La demandante elige no recurrir este último acto y opta por instar un incidente de ejecución de la sentencia obtenida en casación. Esta vía impugnatoria no prospera ni en primera instancia ni en apelación. Recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Amparo es inadmitido. Tras ello interpone demanda ante el TEDH considerando que se han vulnerado los artículos 6 (Derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar). El procedimiento judicial interno sobre adopción quedó, mientras tanto, en suspenso.España opone que no se han agotado los recursos internos, tal y como exige el art 35.1 del Convenio. La segunda decisión administrativa por la que se denegaba el régimen de visitas, tras una nueva evaluación del mejor interés de los menores, no había sido recurrida en el plazo de 2 meses concedido para ello. No se podía invocar la sentencia dictada en casación, que ya se había ejecutado debidamente mediante la anterior reevaluación con pruebas de la situación de la demandante y el mejor interés de los menores.Decisión del tribunal: El Tribunal recopila su jurisprudencia sobre agotamiento de los recursos internos como requisito de admisibilidad de las demandas ante el TEDH. Concluye que, en este caso, las vías de recurso interno que estaban a disposición de la demandante y eran susceptibles de ser efectivas, no han sido agotadas.Inadmite, por ello, la demanda conforme al art 35.1 CEDH.
• Artículos relacionados:
  • Artículo 6: Derecho a un proceso equitativo
  • Artículo 35: Condiciones de admisibilidad

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PATRIA POTESTAD

AP de Malaga. Sección 6*. Sentencia de 5 de Noviembre de 2019.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.

Aunque el Padre reside, en Suiza y ve poco a los hijos, no procede atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la Patria Potestad, dado que esta decisión sólo podría justificarse, si existiera una grave dificultad o entorpecimiento para la adopción de las decisiones relativas a la patria potestad y en este caso ni se han alegado, no existiendo a priori dificultad para comunicarse ambos progenitores, pues Suiza es, un país europeo que se encuentra a poco más de dos horas de avión y con perfectas comunicaciones, existiendo constancia en las actuaciones de la comunicación vía whatsapp de los padres para tratar cuestiones de los menores, no habiéndose presentado siquiera un supuesto en el que haya de haberse utilizado el sistema previsto, en el Artículo 156 del Cc. para resolver desacuerdos.

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EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

AP Baleares. Sección 3*. Auto de 3 de Octubre de 2019.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Ana Calado Ovejas.

No concurre, la excepción de cosa juzgada, en los términos en que establece el Artículo 400 de la LEC. En el anterior pleito de división de cosa común, lo que se ejercitaba era eso, una acción de división de cosa común, constituida por varios inmuebles, y no una liquidación del régimen económico, como parece pretender, la parte demandada. En el presente procedimiento el actor presenta demanda reclamando el importe de 79.358, 10 euros, respecto de un préstamo suscrito con la demandada alegando, haberlo pagado en exclusiva, y entendiendo que le corresponde el 50% del importe total abonado.

Se trata de dos acciones distintas que no tienen que acumularse necesariamente. La preclusion se produce respecto de la alegación de hechos, fundamentos y títulos jurídicos, más no en relación con la formulación de peticiones.

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GUARDA Y CUSTODIA. TRASLADO.

AP de Barcelona. Sección 12*. Sentencia de 1 de Octubre de 2019.
Ponente: Ilma. Sra. Doña M Isabel Tomas Garcia.

El traslado efectuado por la madre está basado en una decisión seria y responsable, para mantener, su puesto de trabajo.

La madre es, abogada de profesión y su domicilio laboral es, en Madrid y el traslado a Barcelona tiene, carácter temporal. La empresa le comunica que debe retornar a la sede de Madrid e incorporarse dado que se va a proceder, al cierre del departamento laboral en la sucursal de Barcelona y se precisan sus servicios.

El traslado de Barcelona a Madrid no ha de prejuzgarse, como negativo para el interés del menor, máxime cuando es, dentro del mismo país, y con excelentes comunicaciones entre ambas ciudades, lo que puede permitir, una relación frecuente, del hijo con sus dos progenitores.

El progenitor de referencia primaria del menor, que está en periodo evolutivo de la primera infancia, ha sido la madre, quien dispone de habilidades paténtales necesarias para atenderlo y fomentar un íntegro desarrollo de su personalidad, cobrando asimismo, con apoyo familiar, en la población de residencia.

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SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS.

AP de Malaga.Seccion Sexta. Sentencia de 7 de Octubre de 2019.

Se suspenden, las visitas pues se observa en la menor, sentimientos de miedo y temor hacia la figura paterna, así como vivencias de cuando estaba en su compañía, que han provocado, un rechazo absoluto a la figura paterna, no valorando ningún aspecto positivo de su Padre y además, no dispone, de una vivienda, no de medios económicos para atender, a la hija comun, durante un hipotético régimen de visitas, hasta el extremo de que siempre permanecían en el domicilio del abuelo materno, hasta que el mismo se negó a que accediera el demandado y terminando acudiendo exclusivamente la menor.

Esta visión acerca de la figura paterna no ha mejorado, con el tiempo, negándose la hija común a tener relación y mostrando miedo a represalias, después de las experiencias vividas, que han sido negativas, no parece prudente en interés de la menor, reanudar un régimen de visitas, ni siquiera tutelado en el Punto de Encuentro Familiar, ya que forzar, un régimen de visitas de una niña con su Padre, podría resultar, altamente perjudicial, para la misma.

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