El juicio sobre la motivación y su racionalidad.

El Tribunal cumplió con el deber de motivación?

Explícito sus razonamientos para justificar, el efectivo decaimiento de la Presunción de Inocencia?

Como establece la Sentencia del Tribunal Supremo 1507/2005 de 9 de Diciembre, ” El único límite a esta función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria.

Es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el Juicio Oral.

Lo que el testigo dice, y que es oído por el Tribunal y como lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos.

Esa limitación es, común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos, la prueba de carácter personal y a ella se refieren los Artículos 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada en el juicio.

El Segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifican.

Ambos artículos delimitan, el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que solo puede efectuar órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el Tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control.”

En cuanto al ámbito del control en relación a las pruebas de cargo de carácter personal que han sido valoradas, por el tribunal de instancia, en virtud de la inmediación de que se dispuso, se puede decir con la Sentencia del Tribunal Supremo 90/2007 de 23 de Enero, que en el momento actual con independencia, de la introducción de la segunda instancia, es cierto que reiterada jurisprudencia, de la Sala II del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal, en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de Instancia al condenado, por la flexibilización y amplitud, con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de rigidez formalista y, por la ampliación de su ámbito, a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente, por vulneración del derecho a la Presunción de Inocencia que exige un reexamen, de la prueba de cargo tenida en cuenta, por el Tribunal sentenciador, desde el triple aspecto de verificar, la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello, en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria, Artículo 9.3, de la que la Sala II del Tribunal Supremo, debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad, de la argumentación del Tribunal sentenciador, a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.

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