El derecho de defensa.

El derecho de defensa desarrollado a través de la asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el Artículo 17 de la Constitución Española, y del investigado, con el mismo carácter, aunque no con el mismo contenido, en el Artículo 24.

No se encuentra en los que el Artículo 55 de la Constitución Española, considera susceptibles de suspensión, en casos de estado de excepción o de sitio.

En el Artículo 24, aparece junto a otros derechos, aunque distintos e independientes entre sí, constituyen una batería de garantías, orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos; el derecho a un proceso con garantías, a un proceso equitativo, en términos del CEDH; en definitiva a un proceso justo.

La confidencialidad de las relaciones entre el investigado y su letrado defensor, que habrán de estar presididas, por la confianza, resalta un elemento esencial. ( STEDH, Castravet contra Moldavia, de 13 de Marzo de 2007, p 49 y STEDH Foxley contra Reino Unido de 20 de Junio de 2000, p 43.

En la STEDH de 5 de Octubre de 2006, Caso Viola contra Italia, se decía: ” que el derecho para el acusado de comunicar, con su abogado sin ser oído por terceras personas, figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democrática y deriva del Artículo 6.3 c) del Convenio.

Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente, sin tal vigilancia y recibir de el instrucciones confidenciales, su asistencia perdería, mucha utilidad. ( Sentencia S contra Suiza, de 2 de Noviembre de 1991, serie A numero 220, p 16, Ap 48).

El Artículo 51.2 de la LOGP presenta una legitimación directa desde la Constitución Española, para regular las posibles limitaciones al derecho a la asistencia letrada de los internos en prision preventiva, concretamente en lo que se refiere a sus comunicaciones personales con sus letrados defensores, de manera, que las únicas restricciones admisibles a ese derecho son las que se contienen, en la Ley Penitenciaria.

Ni siquiera la regulación de la incomunicación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé una posibilidad similar, pues a pesar de que constituye una limitación del derecho de defensa, que el Artículo 17 de la Constitución Española, reconoce al detenido, solo contiene una prohibición de la entrevista reservada con el abogado necesariamente designado de Turno de Oficio, sin que haga una referencia como alternativa a la posibilidad de intervenir, las comunicaciones entre ambos.

La Sala reitera su doctrina, Sentencia del Tribunal Supremo 245/1995, de 6 de Marzo y Sentencia del Tribunal Supremo 538/1997, de 23 de Abril y asimismo Sentencia del Tribunal Supremo 513/2010, en el sentido de que la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados defensores o los expresamente llamados en relación con asuntos penales, solo pueden acordarse, en casos de terrorismo y previa Orden de la autoridad judicial competente.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Septiembre de 2004, recoge la doctrina jurisprudencial, sobre esta materia de la siguiente manera:

“Como hemos declarado entre otras en Sentencia 924/2003, de 23 de Junio, la utilización de los medios de prueba, pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental, dentro del Artículo 24.2 de la Constitución Española, cuya infracción es, consecuencia de cualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria, sino que requiere un efecto material de indefensión, precisa de la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto y que sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial razonable, acerca de su omisión”.

Como afirma la doctrina jurisprudencial, ” la prueba denegada, tiene que tener los caracteres de pertinente, necesaria, posible, útil y relevante, además de ocasionar indefensión al recurrente”.

En relación a la presencia de letrado:

Solo es, precisa en la toma de declaración, no siéndolo en algunas diligencias concretas, que no lo requiere.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 17 de Noviembre de 2003, rec 487/2003, señala que: ” De la exigencia e los Artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución Española y sobre la asistencia de abogado en las diligencias judiciales y policiales, no se deriva su necesaria e ineludible presencia en todos y cada uno de los actos instructorios- Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2003, de 27 de Febrero- , con la salvedad, de los supuestos de la detención y de la prueba sumarial anticipada -Sentencia del Tribunal Constitucional 206/1991 -, sin olvidar, que lo decisivo es que la irregularidad procesal haya producido un perjuicio real y efectivo, constitucionalmente relevante- Sentencias del Tribunal Constitucional 112/1989 y 186// 1990 -.

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