Acumulación de condenas.

«El recurrente, al que se le denegó por el Juzgado ―a quo la refundición de penas que ante él pretendía, recurre tal Resolución por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el 76 y 78 del vigente Código.

La norma reguladora de esta materia, y supuestamente infringida, establece el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena al culpable de varias infracciones penales, en el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, sin que se pueda, con ello, exceder los veinte años de duración, salvo las excepciones que el mismo precepto enumera para la superación de este límite de los veinte años. E incluso, admite la aplicación de semejante régimen de acumulación de penas a las que hubieren sido impuestas en procesos distintos, con la única exigencia de que los hechos a que las mismas se refieran, por la conexión existente entre ellos, hubieren podido enjuiciarse en un solo Semejante previsión legal tiene como principal fundamento normativo, al margen de otros variados argumentos expuestos en la doctrina, el de posibilitar eficazmente el sentido reeducador y reinsertador de la sanción penal al que, de modo concreto para la pena privativa de libertad, se refiere el artículo 25.2 de nuestra Constitución, dentro de un marco de inspiración humanitaria del sistema penal, al considerar esos plazos máximos de cumplimiento período suficiente para alcanzar el referido objetivo resocializador que, de otra forma, podría verse frustrado al carecer de sentido y estímulo para el propio penado, en el caso de que su sometimiento al cumplimiento de las sanciones impuestas no tuviere fin o fuere éste tan dilatado en el tiempo que hiciera inútil, de hecho, tal finalidad esencial de la pena.

Es por tales razones de principio y mirando sobre todo al espíritu que anima semejante régimen que este Tribunal (Acuerdo de 1996 y Sentencia 23 de Noviembre y 19 de Diciembre de 2001, entre muchas otras), superando un antiguo criterio que ponía el acento en la concurrencia de la ―conexidad‖ de los hechos que motivaron la aplicación de las penas cuya refundición se solicitaba, en los términos en los que dicha ―conexidad‖ es contemplada en el artículo 17 de la Ley de procedimiento penal, en la actualidad atiende, tan sólo y no sin ciertas críticas externas, a un criterio estrictamente cronológico, es decir, tan sólo referido al dato esencial de que, en definitiva, los delitos hubieren podido ser realmente enjuiciados en un mismo procedimiento, a la vista de las diferentes fechas de acaecimiento y posterior enjuiciamiento.

Tal solución además se asienta no sólo en la propia exigencia expresa contenida en el artículo 76 del Código Penal, sino, también, en el hecho evidente de que, de no hacerse así, siempre serían posibles sucesivas acumulaciones de condenas ―ad infinitum‖, de modo que quien ya hubiere alcanzado la primera de ellas dispondría de la impunidad de sus ulteriores conductas infractoras, cuyo castigo quedaría englobado en aquella sin otra repercusión alguna, especialmente cuando la pena ulteriormente impuesta fuere igual o inferior a la que ya sirvió de base para fijar el límite del resultado de la acumulación. Y más aún, si se hubiera alcanzado ya el límite máximo de los veinte años, en cuyo caso, cualquier delito posterior, por grave que fuere, carecería de toda repercusión sancionadora, anulándose así los fines de prevención propios de la norma «…‖ Es constante la doctrina de esta Sala que ha venido interpretando desde hace años el criterio de la “conexidad” en una clave exclusivamente cronológica, de suerte que sólo quedarían excluidos de la a)Los hechos ya sentenciados cuando se inicial el periodo de acumulación b)Los hechos cometidos con posterioridad a la última sentencia que determina la acusación –SSTS 149/2000 de 10 de Febrero y las en ella citadas, así como otros muchas posteriores entre las que ad exemplum cita la 490/2994 de 19 de Abril. En definitiva se trata de la doctrina que se cita el auto recurrido, sin embargo, presupuesto para poder verificar la correcta aplicación de la doctrina, es que en el auto en el que se acuerde o deniegue la acumulación se contengan todos los datos fácticos necesarios para que esta Sala pueda verificar la corrección de la aplicación de la doctrina al caso concreto. El propio art. 988-3o del Código Penal exige la relación de todas las penas impuestas al reo, lo que no ha venido interpretando en el sentido de que deben constar las fechas de comisión de los hechos y fechas del dictado de las sentencias, como presupuesto indispensable para verificar en esta sede si es ajustado a derecho o no el auto recurrido, que por ello, por carecer de tales datos deviene nulo…‖». (F.J. «..Ante todo es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, el auto de procesamiento es un simple presupuesto de acceso del proceso a la fase plenaria, acordado en resolución motivada por Juez de instrucción en período sumarial por la que estima que de unos determinados hechos, de carácter ilícito, resultan provisoriamente indicios racionales de criminalidad atribuibles a persona concreta, quedando fijado el objeto del proceso en el acto de la acusación, tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, por lo que, en principio, es irrelevante la descripción de los hechos y la subsunción de los mismos practicadas en el auto de procesamiento (SSTS 1116/2005 y 851/2006, entre otras).

Por tanto, lo sustancial del citado auto de inculpación lo constituyen los hechos y no las calificaciones jurídicas que pueda el juez de instrucción introducir en tal resolución judicial, posibilitándose el pleno ejercicio del derecho de defensa respecto de tales hechos –objeto de la imputación judicial–, siendo el conocimiento de los mismos el que debe proporcionarse al imputado». (F. J. 1o)

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