Imparcialidad y Objetividad del Tribunal

La imparcialidad y objetividad del Tribunal, aparece no sólo como una exigencia básica del proceso debido, ( Sentencia del Tribunal Constitucional 60/95 de 17 de Marzo), derivada de la exigencia Constitucional de actuar, únicamente sometidos al imperio de la Ley ( Artículo 117 de la Constitución), como nota esencial característica de la función jurisdiccional y desempeñada por los jueces y tribunales ( Sentencia del Tribunal Constitucional 133/87, de 21 de Julio; Sentencia del Tribunal Constitucional 150/89, de 25 de Septiembre; Sentencia del Tribunal Constitucional 112/93, de 25 de Marzo; Sentencia del Tribunal Constitucional, 137/97, de 21 de Julio y Sentencia del Tribunal Constitucional 162/99, de 27 de Septiembre), sino que además se erige en garantía fundamental de la Administración de Justicia propia de un Estado Social y democrático de Derecho ( Artículo 1.1 de la Constitución), que está dirigida a asegurar que la razón última de la decisión jurisdiccional, que se adopta, sea conforme al Ordenamiento Juridico y se dicte por un tercero ajeno, tanto a los intereses en litigio como a sus titulares ( Sentencia del Tribunal Constitucional 299/94 de 14 de Noviembre; Sentencia del Tribunal Constitucional 162/99, de 27 de Septiembre, Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2001, de 2 de Julio.

El Artículo 24. 2 de la Constitución Española, acorde con lo dispuesto en el Artículo 6 del Convenio Europeo para Protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio, de tal modo que la imparcialidad judicial constituye una garantía procesal y condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional ( Sentencia del Tribunal Constitucional 151/2000, de 12 de Septiembre.

Por este motivo la obligación del juzgador de no ser “Juez y parte” ni Juez de la propia causa”, supone de un lado que el juez no pueda asumir, procesalmente funciones de partes de otro, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto una previa forma de posición anímica, a favor o en su contra.

La Jurisprudencia, viene distinguiendo entre “una imparcialidad subjetiva”, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas por las partes, y de ” una imparcialidad objetiva”, es decir, referida al objeto del proceso, por lo que se asegura que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el tema decidendi y por tanto, que se acerque al objeto del mismo, sin prevenciones en su animo. Sentencia Tribunal Constitucional 47/98, de 2 de Marzo; Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2000, de 27 de Enero; Sentencia del Tribunal Constitucional 52/2001, de 26 de Febrero.

Asimismo el TEDH ha destacado la imparcialidad del juzgador como una de las garantías fundamentales a un proceso justo; y así en Pereria da Silva c. Portugal de 22 de marzo de 2016, el Tribunal recuerda que es de fundamental importancia que los tribunales en una sociedad democrática inspiren confianza ( Padovani c Italia, 26 de febrero de 1993, § 27) y en cuanto a la imparcialidad en el sentido del artículo 6.1 del Convenio, se pone a prueba en una doble dimensión: la primera para tratar de determinar la convicción personal de un juez en particular en un asunto determinado; y la segunda para comprobar si hay garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima al respecto ( Gautrin y otros c. Francia, 20 de mayo de 1998, § 58). Si bien precisa con cita de Padovani c. Italia, § 26, que en cuanto al primer aspecto, el subjetivo, la imparcialidad de un juez se presume hasta que se pruebe lo contrario (§ 49); presunción constantemente reiterada en la jurisprudencia del TEDH (entre otras muchas: Debled c. Bélgica, 22 Septiembre de 1994 , § 37; Ekeberg y otros c. Noruega, de 31 de julio de 2007 , § 32; Frankowicz c. Polonia, 16 Diciembre de 2008 , § 63; Micallef c. Malta[GC], 15 de octubre de 2009, § 94 ; Morice c. Francia [GC], 23 de abril de 2015, § 74 ; A.K. v. Liechtenstein, 7 de julio de 2015 § 66 ; ó Kristiansen c. Noruega, 17 de diciembre de 2015 , § 49).

Estas consideraciones pueden ser aplicables al procedimiento del Jurado.

Así sobre esta cuestión las SSTS 615/2010 del 17 junio y 72/2014 de 29 enero , contienen unas consideraciones genéricas que sirven de perfecto preámbulo a lo que hemos de examinar “… carecería de sentido incluye entre las notas definitorias de nuestro sistema procesal el silencio del órgano decisorio, su resignada abstención frente a las incidencias que puedan acaecer a lo largo de la práctica de todos y cada uno de los actos procesales que integran el plenario.

Esta idea es todavía mucho más evidente cuando se trata, del Tribunal del Jurado, en el que la imparcialidad del Magistrado-Presidente no es desde luego, compatible con el decisivo espacio funcional que la LO 5/95 de 22 mayo, reserva a aquel ( artículos 49, 52 y 54 LOTJ ).

Con independencia de las exigencias generales derivadas del enunciado constitucional del art. 24 de la CE , la propia ley reguladora del Tribunal del Jurado muestra la preocupación legislativa por salvaguardar esa imparcialidad, que ha de ser necesariamente preservada, pese a que el Magistrado-Presidente no se integre en el colegio decisorio.

Su estatuto de imparcialidad no sufre restricción alguna por el hecho singular de que aquél no forme parte del grupo de Jueces legos que van a pronunciarse sobre el objeto del veredicto. Se impone, pues, la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del Juez que con su actuación busca suplir las deficiencias de la acusación -lo que implicaría una visible quiebra de su estatuto de imparcialidad- y la de aquel que sólo persigue aclarar algunos de los aspectos sobre los que ha versado la prueba y que las preguntas de las partes no han logrado esclarecer suficientemente.

Así, mientras que la primera de las actitudes descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna.

La importancia de que el veredicto sea exclusivamente el desenlace de una deliberación autónoma, imparcial, carente de cualquier forma de dirigismo o inaceptable tutela por parte del Magistrado-Presidente, forma parte de la esencia misma del procedimiento del Tribunal del Jurado ( art. 54.3 LOTJ y 846 bis c) a), ap. 2, LECrim).

El Magistrado-Presidente no puede sentirse tentado a iluminar el camino del Jurado hacia su propia verdad. Entre sus funciones no se incluye la de apartar a los ciudadanos del riesgo de una conclusión contraria a las inferencias valorativas que él, como Juez técnico, haya podido suscribir a la vista del resultado de la actividad probatoria desplegada por las partes.

El Magistrado- Presidente, en fin, no puede identificar su función con la de un Juez técnico llamado a equilibrar el debate, ya sea reforzando con sus complementos argumentales las deficiencias dialécticas del Fiscal, ya sea poniendo de manifiesto a los jurados las insuficiencias de cualquier estrategia defensiva”.

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