DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR.

Bufete Jurídico Sanchon

Begoña Martinez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

Derecho a la vida privada y familiar

  • Asunto: Omorefe v. España (69339/16)
  • Fecha: 23/06/2020
  • Violación del Convenio
  • Sentencia Omorefe c. España.
  • La demandante, Pat Omorefe, de nacionalidad nigeriana, tuvo un bebé prematuro en 2008. La relación con el padre del niño era conflictiva, ambos eran migrantes irregulares y en situación de desempleo. Los servicios sociales además informan de la falta de cuidados de la madre hacia el niño, con quien parecía tener dificultades para establecer un vínculo afectivo. En febrero de 2009, la demandante solicitó que su hijo fuera puesto bajo tutela en un centro de acogida gestionado por el Gobierno de Navarra. A continuación, el niño fue declarado en situación legal de desamparo y entregado en un centro de acogida. Tras el procedimiento debido se entregó en acogimiento preadoptivo, que se puede revertir si los padres biológicos cumplen una serie de condiciones.

    En julio de 2009, la demandante recurrió dicha decisión, recurso que fue inadmitido. Posteriormente, recurrió ante la Audiencia Provincial de Navarra, que admitió su recurso al considerar que la adopción del niño no podía tener lugar sin el consentimiento de la madre, anulándose la medida de acogida previa a la adopción de febrero de 2014.

    En marzo de 2014 la demandante solicitó que se le permitiera visitar a su hijo. Al no recibir respuesta de las autoridades competentes, presentó un recurso en el que se quejaba de la falta de reconocimiento de su derecho de visita. En junio de 2015, el juzgado de primera instancia le concedió el derecho de visita durante una hora al mes, para visitas supervisadas en un centro de reunión familiar.

    Mientras tanto, desde la Dirección General de Familia del Gobierno de Navarra se tomaron medidas para organizar la recepción previa a la adopción del menor por su familia de acogida, seguida de su adopción, presentando un informe en el que se mostraban los vínculos del niño con la familia de acogida, con la que había estado conviviendo durante cinco años, y también su desarrollo satisfactorio y evolución favorable.

    En octubre de 2015 la Audiencia Provincial de Navarra autorizó la adopción del hijo de la demandante, considerando que la falta de consentimiento de la madre biológica no era un obstáculo si dicha medida se tomaba en favor del mejor interés del menor. La demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo inadmitió.

    Teniendo en cuenta las circunstancias particulares del presente caso y la necesidad urgente de poner fin a la violación del derecho de la demandante a que se respete su vida familiar, el Tribunal Europeo en su sentencia invita a las autoridades nacionales a que vuelvan a examinar, en un plazo breve, la situación de la demandante y de su hijo menor de edad y a que consideren la posibilidad de establecer cualquier tipo de contacto entre ellos, teniendo en cuenta la situación actual del niño y su interés superior, y a que adopten cualquier otra medida apropiada de conformidad con la sentencia. A este respecto, señala que la propia Audiencia Provincial, en su sentencia de 28 de octubre de 2015, indicó que sería conveniente “señalar la posibilidad (…) de adoptar en el futuro, si así se considera conveniente y se cumplen los requisitos legales, y siempre en el interés superior del menor, cualquier forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones con la madre biológica”. El Tribunal observa que no hubo contacto entre la demandante y su hijo, ni antes ni después de esta decisión y considera que la ejecución de la presente sentencia debe dar efecto a la decisión interna antes citada.

    El Tribunal considera, por tanto, que se ha vulnerado el derecho a la vida privada y familiar de la demandante (art. 8 del Convenio), y que la forma más adecuada de reparación en un caso como el presente, en el que el proceso llevado a cabo por las autoridades y los tribunales nacionales condujo a la adopción del hijo de la demandante por su familia de acogida, consiste en garantizar que la demandante se encuentre, en la medida de lo posible, en la situación en la que se encontraría si no se hubiera vulnerado su derecho. Señala que el Derecho interno prevé la posibilidad de revisar las decisiones firmes declaradas contrarias a alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, de conformidad con los artículos 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), “siempre que no perjudique los derechos adquiridos por terceros de buena fe”.

    En cuanto a las medidas de ejecución a adoptar, y para poner fin a la violación del derecho de la demandante al respeto de su vida familiar, el Tribunal pide a las autoridades internas que revisen, tan pronto como sea posible, el contacto de la demandante y de su hijo menor a la luz de la presente sentencia y de las decisiones dictadas por los órganos judiciales internos, y a tomar cualquier otra medida apropiada en interés superior del menor, así como a la posibilidad ya apuntada de revisar las sentencias firmes conforme a los artículos 510 y 511 LEC
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  • C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004. Madrid.
  • Metro: Alonso Martinez.

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