Medidas de protección de la victima del delito: Medición de orden de alejamiento

Sentencia del Tribunal Supremo 691/2018 ( Pleno de Sala de lo Penal), de 21 de Diciembre de 2018.

La mayor seguridad, que requiere la victima, se obtiene con la medición en línea recta.

La Sala ha afirmado que la distancia establecida, en la prohibición de aproximación, debe medirse en la forma en que determine la resolución que acuerde la medida y, en su defecto en línea recta.

La medida en línea recta, se precisa como la más segura para la victima, porque puede establecer, los lugares a los que puede acudir, sin riesgo y sin necesidad de calcular la distancia a la que se encuentran, los distintos puntos del posible recorrido.

Es, cierto, que para la victima del delito, supone, una falta de seguridad, e intranquilidad, por la posibilidad de establecer, contacto visual, en determinados casos, aún sin superar la distancia medida.

El artículo 468.1 dice “los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos”.

La pena para aquel que quebranta una condena de prisión será castigado con un máximo de un año de prisión, mientras que si la condena quebrantada no es privativa de libertad, se castigará con veinticuatro meses de multa. No es lo mismo decir un año que doce meses, en materia de ejecución, dado que un año son 365 días, mientras que doce meses son 360 días, puesto que las penas que son por meses, se presume (presunción iuris et de iure) que cada mes tiene 30 días, independientemente que sea febrero (28 días) o marzo (31 días).

Un año de prisión serían 365 días, y, si se sustituyera por multa, equivaldría a 730 días de multa, mientras que los veinticuatro meses son 720 días de multa, y, si no se pagase cantidad alguna, la responsabilidad personal subsidiaria no sería de un año, sino de 12 meses, esto es 360 días de multa.

El apartado segundo de este precepto señala que “se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2”.

La Sentencia del Tribunal Supremo 10/2007, reconoce que “la vigencia del bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es, el principio de autoridad el que se ofende con el delito de quebrantamiento de medida. Cierto que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal -que tampoco son bienes jurídicos disponibles por parte de aquélla- pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto”.

Los requisitos que han de darse para la aplicación del tipo penal de quebrantamiento de condena son los siguientes:

Un elemento objetivo, que se concreta en el incumplimiento de la pena impuesta.

Un elemento normativo, es decir, debe existir una resolución judicial firme.

Un elemento subjetivo, tiene que existir una voluntad y conciencia para incumplir la pena impuesta dictada en resolución judicial firme.

La jurisprudencia también ha resuelto que en el iterin en que está pendiente recurso de apelación y la sentencia de instancia es absolutoria, si existía una medida cautelar que impedía el acercamiento y en la sentencia no se ha motivado la necesidad de mantener la vigencia de la medida cautelar, dicha medida ha perdido su vigencia, en base al art 69 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la medida cautelar en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal conlleva la finalización de la vigencia de dicha medida en el momento en que tal Sentencia fue dictada