Fractura de pieza dentaria reconstruida.mediante intervención médica.

Bufete Jurídico Sanchon

Begoña Martinez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

Sentencia del Tribunal Supremo 421/2015.

La pérdida de un incisivo ha sido considerada como determinante de deformidad, subsumible dentro del Artículo 150 del Código Penal, pero admite modulaciones en supuestos de menor entidad.

La calificación se encuentra vinculada a las circunstancias del caso:

1. No existe, argumentación en torno a las consecuencias negativas de la fractura y posterior intervención- parámetros de afeamiento y permanencia-.

2. No existe motivación en relación a si la intervención conllevó a un riesgo para la victima.

3. No existe motivación en relación a las dificultades concretas para su reparación odontologica.

4. No se han puesto de manifiesto circunstancias que limiten la funcionalidad de piezas dentales.

5. No se motiva si se puede apreciar” in visu”, las lesiones producidas asi como las repercusiones estéticas o funcionales.

6. No existe, motivación acerca de la exigencia de permanencia de la deformidad.

7. No se motiva si hubo reparación odontologica sin otros medios extraordinarios.

8. No se motiva la mayor o menor visibilidad del afeamientos estético, que la lesión ocasione.

9. No se motiva anomalía que afecte, a la estética del rostro.

Concurrirá por tanto la deformidad, del Artículo 150 del Código Penal, o en su defecto se aplicará el Artículo 147.1 del Código Penal, analizando en cada caso, todos los parámetros.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail. com, con carácter previo, a la cita en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004 – Madrid.

Metro: Alonso Martinez.

Reglamento 2201/2003.

Bufete Jurídico Sanchon

Begoña Martínez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

Sentencia de la AP de Valencia. Sección Décima. Auto de 9 de Enero de 2019.

Reglamento 2201/2003, de competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, y de responsabilidad parental, cuando la madre y la menor residen en Italia, al ser de aplicación el Reglamento 2291/2003, en virtud del Artículo 8 que atribuye, la competencia, para conocer, de cuestiones relativas a la responsabilidad parental, a los órganos judiciales del Estado, en el que tenga su residencia habitual el menor, en el momento en el que se presenta el asunto, ante el órgano jurisdiccional.

Los órganos jurisdiccionales de Italia, son, también competentes para conocer, la cuestión, en relación a la pensión de alimentos de la menor, de acuerdo con el Artículo 3 d), del Reglamento 4/2009, sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones, y de la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

No se acuerda práctica de Informe psicosocial, se pide cambio a custodia compartida sin haber probado la alteración de las circunstancias, como primer requisito.

Deje, por favor sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a la cita en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004- Madrid

Metro: Alonso Martínez

Guarda y Custodia.

Bufete Jurídico Sanchon

Begona Martínez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

GUARDA Y CUSTODIA

Tribunal Supremo. Sala Primera. Sentencia de 18 de Abril de 2018.

Aunque se censura la decisión unilateral de la madre, de cambiar la residencia a una ciudad que dista, 38 kilómetros de la antigua residencia, habiéndose consolidado la vida de la menor en Onati, el Tribunal Supremo, mantiene la custodia materna, debiendo fijarse en ejecución de Sentencia, un nuevo régimen de visitas, en el que los gastos de desplazamiento no penalicen, al padre.

El cambio de residencia, unilateralmente acordado, es, reprobable, pero ello, no puede acarrear, una sanción que perjudique el interés del menor.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Sentencia 748/2014, de 11 de Diciembre, condiciona la autorización de traslado de residencia del menor, a que no quede afectado su desarrollo emocional, la progresión de su estabilidad, su estabilidad, el contacto con sus progenitores y hermanos.

Casi tres años después de efectuado el cambio de residencia, se ha enraizado en un nuevo entorno, en un nuevo colegio.

No es, aconsejable someter a la menor, a un nuevo cambio de ciudad, colegio, máxime cuando la escasa distancia entre localidades, no impide, el contacto del padre con la menor. Artículos 92,93, y 103 del Código Civil.

Las medidas provisionales acordadas en su día, con acuerdo de las partes, mantenían la custodia de la menor con la madre, en Onati, si bien, en las visitas Intersemanales, era la madre la que llevaba a la menor a Vitoria y la recogía.

Será en ejecución de Sentencia, cuando el juzgado previa audiencia de las partes, deberá establecer, el nuevo régimen de visitas, en el que gastos de desplazamiento no penalicen, al padre, y de manera que ello no redunde en perjuicio de la menor.

Deje, por favor, sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a la consulta en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004 – Madrid

Metro: Alonso Martínez

Contrato de préstamo.

Bufete Jurídico Sanchon

Begona Martínez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

Contrato de Préstamo.

La retirada del dinero, por el padre de la esposa, no es, prueba suficiente, que determine, que se realizó, un préstamo, al matrimonio. El contrato de préstamo requiere, para su perfección, la entrega de la cantidad que constituye, su objeto y no puede considerarse, suficiente prueba la manifestación del padre, que no recuerda ni la firma de entrega.

Audiencia Provincial Ciudad Real, Seccion Primera. Sentencia de 18 de Enero de 2019.

El Artículo 396 de la Ley de a Enjuiciamiento Civil, señala, que a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto, existe un enlace preciso, y directo, según las reglas del criterio humano.

No existe errónea valoración de la prueba practicada, ni infracción de las reglas de la carga de la prueba, pues corresponde a la demandante, acreditar, la existencia de la deuda, que pretende integrar, en el pasivo.

Asimismo, no existe, inaplicacion, del Artículo 217 del Código Civil, sino una valoración de la insuficiencia de la prueba, de la demandante que ha de ratificarse.

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C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004 – Madrid.

Metro Alonso Martínez

Agresiones sexuales en el ámbito del matrimonio o relación de pareja.

Bufete Jurídico Sanchon

Begona Martínez Sanchon

AGRESIONES SEXUALES EN EL ÁMBITO DEL MATRIMONIO O RELACION DE PAREJA.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Mayo de 2019.

1. No puede exigirse a la victima “ un acto heroico de oposición férrea”, cuando esta pueda poner en peligro su integridad física.

2. No puede admitirse, que la relación de pareja, otorgue a una persona el derecho a tener con la otra relaciones sexuales. El vínculo matrimonial, o la relación de pareja, no otorga, ningún derecho, sobre la sexualidad del otro miembro de la pareja. No puede admitirse la existencia de un débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho del hombre. El matrimonio no supone, sumisión de un cónyuge al otro. Por consiguiente, si se ejerce, violencia o intimidación, para doblegar, la voluntad, de la mujer, deber apreciarse, el delito, pudiéndose aplicar, la agravante de parentesco e incluso la de género, si concurren, las circunstancias señaladas en las Sentencias del Tribunal Supremo 420/18, de 25 de Septiembre, 565/18 de 19 de Noviembre, 99/2019, de 26 de Febrero.

La violencia propia del delito de agresión sexual, debe ser interpretada como acometimiento, coacción o imposición material, para doblegar la voluntad de la victima.

Deje,por favor, sus datos y asunto a tratar, en el correo electrónico: bufetejuridicosanchon@gmail.com, con carácter previo a la cita en despacho profesional.

C/ Mejia Lequerica, 3. 3 Dcha. 28004. Madrid.

Metro: Alonso Martinez.

“El interés superior del niño”.

Bufete Jurídico Sanchon

Begona Martínez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

La Constitución Española de 1978, al enumerar los principios rectores de la política social y económica, menciona, en primer lugar, la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.

»El mandato constitucional impelió al poder legislativo a la promulgación de la normativa necesaria para la protección del menor, siendo la más significativa, de inicio, en este orden la Ley 21/1987 de 11 noviembre, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores.

En ella se contempla el desamparo del menor y la previsión de la tutela otorgada a la entidad pública por ministerio de la ley cuando aquél se encuentre en esa situación.

Con esta Ley tuvo lugar la desjudicialización del sistema jurídico de protección del menor. Más adelante se promulgó la Ley Orgánica 1/1996 del 15 enero, Ley de Protección Jurídica del Menor.

Estas dos leyes son las que vienen a modificar de forma sustancial en el ordenamiento jurídico estatal el régimen de protección del menor de edad.

La mayoría de las Comunidades Autónomas, con inspiración en tal normativa, y al amparo de la competencia concedida por el artículo 148. 20o de la CE , han venido promulgando su propia legislación en esta materia.

Toda esta normativa se ha visto poderosamente influenciada por los textos internacionales que se han ocupado de la protección de los menores, de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos del Niño (Nueva York 1959) y la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 20 de noviembre de 1989).

En toda la normativa internacional, estatal y autonómica mencionada late el superior interés del menor como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte, sin bien dicho interés superior no aparece definido, precisándose su configuración y concreción en cada caso.

Se configura, pues, como un verdadero concepto jurídico indeterminado, que la doctrina ha venido relacionando bien con el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico y su afectividad, junto a otros aspectos de tipo material; bien, simplemente con la protección de sus derechos fundamentales.

Meritada concreción al caso es la sentada y aplicada por esta Sala, existiendo un cuerpo de doctrina respecto a las decisiones que deben adoptarse en los casos de riesgo para los niños ( sentencia 21 de febrero de 2011, Ro. 1186/2008 ).

Se aprecia, pues, que el interés del menor debe prevalecer sobre cualquier otro interés en juego, pero sin incurrir en calificar el interés de aquél con otros que pudiesen darle apariencia de serlo, como se aprecia en la sentencia del Pleno de la Sala de 31 de julio de 2009 .

Según la observación general no 14 (2013) del Comité de los derechos del niño en al ámbito de las Naciones Unidas, el interés superior del niño tiene tres dimensiones «A) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general.

El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. B) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño…C)

Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.

La evolución y determinación del interés superior del niño, requieren, garantías procesales”.

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Metro: Alonso Martinez

Guarda y Custodia. Patria Potestad

Bufete Jurídico Sanchon

Begona Martínez Sanchon

Sedes en Madrid y Bilbao

GUARDA Y CUSTODIA

“La conflictividad y animadversión, existente entre los progenitores, hace desaconsejable, la custodia compartida, ya que en este sistema es, preciso mantener, conversaciones respetuosas, y fluidas, en beneficio del menor”.

Tribunal Supremo. Sala Primera. Sentencia de 21 de Septiembre de 2016.

“ No se ha acreditado cambio de circunstancias, para modificar, la custodia materna, por la custodia compartida. Los informes psicosociales, recomiendan mantener, la situación actual para no alterar la actual rutina del menor. Las discrepancias, en el ejercicio de la Patria Potestad, no se resuelven, con la Custodia compartida”.

AP Madrid. Seccion 22. Sentencia de 21 de Junio de 2016.

“Se atribuye, a la Madre la facultad de decidir, la escolarización del menor en educación infantil, eligiendo el centro educativo más adecuado a sus intereses. Si el menor acude a una guardería desde que contaba con un año de edad, no se advierte la lógica de que en el tramo educativo posterior, de tres a seis años, abandone esta formación, con niños de su edad y orientada por profesionales, para volver a ser en el ámbito familiar donde radique exclusivamente su formación”.

Patria Potestad. Auto 1-02-2016. AP A Coruña. Seccion 6.

” Debe atribuirse, a la madre, el ejercicio exclusivo de la Patria Potestad, teniendo en cuenta, los hechos que se declaran, probados, en las sentencias penales, que describen los actos de violencia que el Padre ejerció, contra la madre cuando estaba embarazada. Además, ha sido la madre quien desde el nacimiento del niño, se ha ocupado de él, sufragando sus gastos y tomando las decisiones adecuadas, respecto a la vida diaria, educación, salud, formación…”

AP Baleares. Seccion 4. Sentencia de 16-02-2016.

” La guarda y custodia compartida, requiere, que el Padre haya tenido dedicación a los hijos y aptitudes para su cuidado….”

AP Madrid. Seccion 24. Sentencia de 23-02-2016.

” El interés de los hijos es, doble: por una parte, mantener, la convivencia con la Madre- y a esta no se le puede pedir, que renuncie a desarrollar, su vida personal, con su nueva pareja en Badajoz- y por otra que quede garantizado, el mantenimiento de los vínculos, con el Padre, y con la familia extensa, estando la progenitora materna, dispuesta a sufragar, los gastos de desplazamiento de los hijos, para las visitas.

La opción de atribuir, la custodia, al Padre, no es, viable, puesto que implicaría romper, las dinámicas educativas, y de organización vital de los hijos, que han estado vigentes, desde que nacieron hasta ahora”.

AP Barcelona. Seccion 12. Sentencia de 8 de Abril de 2016.

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C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero Derecha. 28004. Madrid.

Metro: Alonso Martinez.