INADMISION. TEDH

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Begoña Martinez Sanchon

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  • Asunto: M.L.R. c. España (22353/14)
  • Fecha: 24/05/2016
  • Sentencia resumen: Inadmisión
  • Decisión M.L.R. c. España (PDF. 111 KB)
  • La demandante es madre de seis hijos. Los tres primeros viven con su padre, anterior marido. Ante el deficiente cuidado que proporcionaba, junto con su nueva pareja, a los dos siguientes, los servicios sociales le proporcionaron ayudas y un programa de mejora de la situación familiar. Al no cumplir con el programa y verse afectado el bienestar de los menores, se les declaró en situación de desamparo y quedaron acogidos por la Administración competente, quien promovió su acogimiento pre adoptivo en otra familia. La declaración de desamparo fue recurrida judicialmente, solicitando su anulación o, subsidiariamente, el establecimiento de un régimen de visitas. Negada la solicitud en primera instancia y en apelación, el Tribunal Superior de Justica, en casación, casa parcialmente las anteriores sentencias en el sentido de que si bien se había declarado administrativamente el desamparo la cesación de los contactos con la familia biológica sólo podía acordarse motivadamente por la autoridad judicial. En ejecución de la sentencia de casación, la Administración reevalúa con numerosos estudios y antecedentes la situación de los menores, concluyendo que una reanudación del contacto con la familia biológica atentaría gravemente contra el bienestar de los menores. En el ínterin, los padres biológicos se habían trasladado a residir a Portugal, , habían tenido otro hijo y las autoridades portuguesas se encontraban vigilando la situación de deficiente cuidado en la que este último se encontraba. Se deniega, por lo tanto, la reanudación de la visitas y se concede el derecho de recurrir ex novo jurisdiccionalmente el acto administrativo. La demandante elige no recurrir este último acto y opta por instar un incidente de ejecución de la sentencia obtenida en casación. Esta vía impugnatoria no prospera ni en primera instancia ni en apelación. Recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional. El Amparo es inadmitido. Tras ello interpone demanda ante el TEDH considerando que se han vulnerado los artículos 6 (Derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar). El procedimiento judicial interno sobre adopción quedó, mientras tanto, en suspenso.España opone que no se han agotado los recursos internos, tal y como exige el art 35.1 del Convenio. La segunda decisión administrativa por la que se denegaba el régimen de visitas, tras una nueva evaluación del mejor interés de los menores, no había sido recurrida en el plazo de 2 meses concedido para ello. No se podía invocar la sentencia dictada en casación, que ya se había ejecutado debidamente mediante la anterior reevaluación con pruebas de la situación de la demandante y el mejor interés de los menores.Decisión del tribunal: El Tribunal recopila su jurisprudencia sobre agotamiento de los recursos internos como requisito de admisibilidad de las demandas ante el TEDH. Concluye que, en este caso, las vías de recurso interno que estaban a disposición de la demandante y eran susceptibles de ser efectivas, no han sido agotadas.Inadmite, por ello, la demanda conforme al art 35.1 CEDH.
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PATRIA POTESTAD.

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PATRIA POTESTAD

AP de Malaga. Sección 6*. Sentencia de 5 de Noviembre de 2019.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.

Aunque el Padre reside, en Suiza y ve poco a los hijos, no procede atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la Patria Potestad, dado que esta decisión sólo podría justificarse, si existiera una grave dificultad o entorpecimiento para la adopción de las decisiones relativas a la patria potestad y en este caso ni se han alegado, no existiendo a priori dificultad para comunicarse ambos progenitores, pues Suiza es, un país europeo que se encuentra a poco más de dos horas de avión y con perfectas comunicaciones, existiendo constancia en las actuaciones de la comunicación vía whatsapp de los padres para tratar cuestiones de los menores, no habiéndose presentado siquiera un supuesto en el que haya de haberse utilizado el sistema previsto, en el Artículo 156 del Cc. para resolver desacuerdos.

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EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA.

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EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

AP Baleares. Sección 3*. Auto de 3 de Octubre de 2019.

Ponente: Ilma. Sra. Doña Ana Calado Ovejas.

No concurre, la excepción de cosa juzgada, en los términos en que establece el Artículo 400 de la LEC. En el anterior pleito de división de cosa común, lo que se ejercitaba era eso, una acción de división de cosa común, constituida por varios inmuebles, y no una liquidación del régimen económico, como parece pretender, la parte demandada. En el presente procedimiento el actor presenta demanda reclamando el importe de 79.358, 10 euros, respecto de un préstamo suscrito con la demandada alegando, haberlo pagado en exclusiva, y entendiendo que le corresponde el 50% del importe total abonado.

Se trata de dos acciones distintas que no tienen que acumularse necesariamente. La preclusion se produce respecto de la alegación de hechos, fundamentos y títulos jurídicos, más no en relación con la formulación de peticiones.

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GUARDA Y CUSTODIA. TRASLADO.

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GUARDA Y CUSTODIA. TRASLADO.

AP de Barcelona. Sección 12*. Sentencia de 1 de Octubre de 2019.
Ponente: Ilma. Sra. Doña M Isabel Tomas Garcia.

El traslado efectuado por la madre está basado en una decisión seria y responsable, para mantener, su puesto de trabajo.

La madre es, abogada de profesión y su domicilio laboral es, en Madrid y el traslado a Barcelona tiene, carácter temporal. La empresa le comunica que debe retornar a la sede de Madrid e incorporarse dado que se va a proceder, al cierre del departamento laboral en la sucursal de Barcelona y se precisan sus servicios.

El traslado de Barcelona a Madrid no ha de prejuzgarse, como negativo para el interés del menor, máxime cuando es, dentro del mismo país, y con excelentes comunicaciones entre ambas ciudades, lo que puede permitir, una relación frecuente, del hijo con sus dos progenitores.

El progenitor de referencia primaria del menor, que está en periodo evolutivo de la primera infancia, ha sido la madre, quien dispone de habilidades paténtales necesarias para atenderlo y fomentar un íntegro desarrollo de su personalidad, cobrando asimismo, con apoyo familiar, en la población de residencia.

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SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS.

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Begoña MartinezSanchon

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SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS.

AP de Malaga.Seccion Sexta. Sentencia de 7 de Octubre de 2019.

Se suspenden, las visitas pues se observa en la menor, sentimientos de miedo y temor hacia la figura paterna, así como vivencias de cuando estaba en su compañía, que han provocado, un rechazo absoluto a la figura paterna, no valorando ningún aspecto positivo de su Padre y además, no dispone, de una vivienda, no de medios económicos para atender, a la hija comun, durante un hipotético régimen de visitas, hasta el extremo de que siempre permanecían en el domicilio del abuelo materno, hasta que el mismo se negó a que accediera el demandado y terminando acudiendo exclusivamente la menor.

Esta visión acerca de la figura paterna no ha mejorado, con el tiempo, negándose la hija común a tener relación y mostrando miedo a represalias, después de las experiencias vividas, que han sido negativas, no parece prudente en interés de la menor, reanudar un régimen de visitas, ni siquiera tutelado en el Punto de Encuentro Familiar, ya que forzar, un régimen de visitas de una niña con su Padre, podría resultar, altamente perjudicial, para la misma.

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ABUSO SEXUAL/ AGRESION SEXUAL.

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Begona Martinez Sanchon

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Sentencia del Tribunal Supremo 347/2020, de 4 de Febrero de 2020.

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. Manuel Marchena Gómez, presidente
D. Julián Sánchez Melgar
D. Vicente Magro Servet
Da. Susana Polo García

DELITO DE ABUSO SEXUAL/ AGRESION SEXUAL.

El delito de abuso sexual es aquel en el que el sujeto pasivo atenta contra la libertad sexual de la víctima, pero sin violencia e intimidación y sin que medie consentimiento ( art. 181).

El Código Penal señala que, a los efectos de tipificar este delito, “se consideran abusos sexuales no consentidos” aquellos a los que se refiere el precepto, porque en tales casos el consentimiento se ha obtenido inválida o viciadamente; y así: a) los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido; b) sobre personas de cuyo trastorno mental se abusare; c) los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto; d) cuando se obtenga un consentimiento viciado por prevalerse el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.


También se disponen subtipos agravados en los casos de víctima especialmente vulnerable (edad, enfermedad, discapacidad o situación), o por las relaciones existentes entre víctima y autor (relación de superioridad o parentesco).


Del propio modo, se consideran abusos sexuales los correspondientes a los menores, dada la falta de madurez para el consentimiento sexual, distinguiendo el Código Penal entre mayores de 16 años y menores de 18, cuando el autor del delito se aproveche del engaño que haya desplegado o abuse de una posición reconocida de confianza (art. 182), y finalmente se describen en el Código la realización de actos de carácter sexual con menores de 16 años, en las diversas variedades que se tipifican (art. 183).


De lo todo ello se desprende que en el delito de abuso sexual el consentimiento se encuentra viciado como consecuencia de las causas legales diseñadas por el legislador, y en el delito de agresión sexual, la libertad sexual de la víctima queda neutralizada a causa de la utilización o el empleo de violencia o intimidación. Dicho de otro modo, el delito de abuso sexual supone un consentimiento viciado por las causas tasadas en la ley, y por eso el Código Penal se expresa disponiendo que “se consideran abusos sexuales no consentidos” los que hemos reseñado con anterioridad. En todos ellos, la víctima o era incapaz de negarse a mantener cualquier tipo de relación sexual o se encontraba en una posición que le coartaba su libertad.


En el delito de agresión sexual, tampoco se consiente libremente, pero aquí el autor se prevale de la utilización de fuerza o intimidación (vis phisica o vis moral), para doblegar la voluntad de su víctima. El autor emplea fuerza para ello, aunque también colma las exigencias típicas la intimidación, es decir, el uso de un clima de temor o de terror que anula su capacidad de resistencia, a cuyo efecto esta Sala Casacional siempre ha declarado que tal resistencia ni puede ni debe ser especialmente intensa. Basta la negativa por parte de la víctima, pues para el delito de agresión sexual es suficiente que el autor emplee medios violentos o intimidatorios. Por eso hemos declarado en STS 953/2016, de 15 de diciembre, que la intimidación empleada no ha de ser de tal grado que presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que -sobre no conducir a resultado positivo-, podrían derivarse mayores males.
En cualquier caso, el delito de agresión sexual requiere violencia o intimidación, pero en modo alguno que se ocasionen lesiones a la víctima. La ausencia de señales físicas en el cuerpo de la ofendida o de otros signos externos, según tiene declarado esta Sala, no empece para la existencia del delito la agresión sexual, que ofrece muchas facetas, muchas posibilidades y muchas variedades, dentro de las cuales no es imprescindible que la violencia y la intimidación lleven consigo lesiones ( STS 686/2005, de 2 de junio, entre otras).
Recuerda la STS 749/2010, de 23 de junio, con cita de otras precedentes, que la violencia a que se refiere el artículo 178 CP, ha de estar orientada a conseguir la ejecución de actos de contenido sexual y equivale a acometimiento, coacción o imposición material, al empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la víctima desenvolverse en su libre determinación, atendiendo a las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto.


En definitiva, mientras que en el delito de abuso sexual el consentimiento se obtiene de forma viciada o se aprovecha el estado de incapacidad para obtenerlo, en la agresión sexual la voluntad del autor se impone por la fuerza, bien ésta sea violenta bien lo sea de carácter intimidatorio.
Pero, como venimos razonando, esa fuerza adquiere múltiples formas y aparece con variados matices, una veces a causa del espacio físico en donde se desenvuelven los acontecimientos, en otras ocasiones por la soledad del paraje en el que se desarrolla el ataque, y en otras, por la concurrencia de varios autores. Cada caso debe ser analizado conforme a sus parámetros individuales, en conjunción con todos los datos objetivos que resulten acreditados y en combinación con la declaración de la víctima. Con todos esos datos se podrán llegar a la conclusión de que ha sido atacada la libertad sexual de la persona ofendida por el delito mediante el uso de la violencia o el empleo de la intimidación.

El legislador agrava la punición prevista para toda agresión sexual, “Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código , sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas”.
La jurisprudencia ha interpretado restrictivamente la aplicación de este subtipo agravado, requiriendo que el arma o medio peligroso no sólo se exhiban, sino que se utilicen en la agresión ( SSTS 15/2006, 13 de enero; 453/2017, 21 de junio). Al considerar que lo habitual en esta clase de delitos es utilizar para las amenazas algún instrumento de las clases que objetivamente podrían encajar en los términos armas o medios peligrosos contemplados en esta norma penal, lo que haría que la excepción propia de los delitos cualificados se convirtiera en regla general, y con la finalidad de evitar esa consecuencia injustificada, hemos acudido a la vía de la interpretación restrictiva. De otro modo, aquello que vale para constituir el elemento de violencia o intimidación, esto es, el uso del arma o medio peligroso, se utilizaría dos veces en la punición del hecho, una para convertir el abuso sexual en agresión de la misma naturaleza, y otra para impulsar la concurrencia de la agravación que analizamos (SSTS 15/06, de 13 de enero; 673/07, de 19 de julio o 396/08, de 1 de julio).

Solo cuando la utilización del arma desborde el contenido antijurídico de quebrantar la libertad sexual de una persona, sirviéndose para ello del sometimiento que impulsa el miedo inminente a la agresión que con el arma se impulsa, puede entenderse concurrente el desvalor de la acción que justifica la agravación específica que contemplamos.

Contrariamente a lo que el recurso expresa, la utilización del cuchillo no quedó limitada a infligir un temor que determinara a la víctima a someterse a unas relaciones sexuales contrarias a su voluntad, sino que sobrepasó el ámbito esencial de la agresión sexual, hasta llegar a afectar al bien jurídico que el tipo agravado contempla, esto es, la vida y la integridad física de la víctima de la agresión sexual.

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INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE SEXTING DEL ARTÍCULO 197.7 CP. DIVULGACIÓN DE IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ANUENCIA DE LA VÍCTIMA.

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Sentencia del Tribunal Supremo 70/2020, de 24 de Febrero

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE SEXTING DEL ARTÍCULO 197.7 CP. DIVULGACIÓN DE IMÁGENES OBTENIDAS CON LA ANUENCIA DE LA VÍCTIMA.

El objeto material de este delito, se proyecta sobre toda manifestación de la intimidad que quiera resguardarse frente a aquellos terceros que no están incluidos en el espacio de legitimidad que otorga la anuencia de la víctima.

Quien remite a una persona en la que confía una foto expresiva de su propia intimidad no está renunciando anticipadamente a ésta. Tampoco está sacrificando de forma irremediable su privacidad. Su gesto de confiada entrega y selectiva exposición a una persona cuya lealtad no cuestiona, no merece el castigo de la exposición al fisgoneo colectivo .

Lo verdaderamente determinante es que el desnudo es expresión inequívoca de la intimidad personal. El que su exhibición pueda ser consentida en determinados contextos no es obstáculo para reivindicar su exclusión frente a terceros no incluidos en el compartido ámbito de la privacidad.

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DERECHO A CORREGIR A LOS HIJOS.

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ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
Sentencia del Tribunal Supremo 654/2019, de 8 de Enero de 2020.

Ponente: D. Juan Ramón Berdugo Gómez De la Torre

DERECHO A CORREGIR A LOS HIJOS.

Los castigos físicos, perpetúan conductas violentas.

El simple hecho de golpear, incardina, la conducta, del acusado en el tipo penal contenido en el apartado Segundo del precepto en el que se contempla el supuesto en el que el agredido fuera alguna de las personas a las que se refiere, el Artículo 173. 2 del CP, entre las que se encuentran, los descendientes del agresor.

Aplicando la doctrina jurisprudencial al presente caso, en los hechos declarados probados se constata que el acusado propinó a su hijo una bofetada en la cabeza de entidad suficiente para causarle lesiones en oreja derecha y labio inferior, lo que determina la relevancia penal de dicha conducta de golpear por razón de su tipicidad ex art. 153 CP, infiriéndose el dolo en la propia actuación desarrollada por el acusado consistente en el golpe propinado, no amparado por dicho derecho de corrección, y no teniendo amparo en el ejercicio de la patria potestad, por tratarse de actos violentos que menoscaban la integridad física.

Por lo tanto, tras la reforma del art. 154.2 C.Civil, el derecho de corrección es una facultad inherente a la patria potestad y no depende su existencia del reconocimiento legal expreso, sino de su carácter de derecho autónomo, por lo que sigue teniendo plena vigencia. Cosa distinta es la determinación de su contenido y de sus límites tras la supresión formal del mismo.

Es por ello y por la progresiva dulcificación de la patria potestad que viene siendo una constante en los últimos tiempos que cada caso concreto debe ponerse en consonancia con la evolución y la interpretación de las leyes con atención a la realidad social del tiempo en que apliquen a tenor de lo establecido por el art. 3.1 del C.Civil.

En este sentido los comportamientos violentos que ocasionen lesiones -entendidas en el sentido jurídico-penal como aquellas que requieren una primera asistencia facultativa y que constituyan delito- no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección. En cuanto al resto de las conductas, deberán ser analizadas según las circunstancias de cada caso y si resulta que no exceden los límites del derecho de corrección, la actuación no tendrá consecuencias penales ni civiles.

Esta Sala Segunda por su parte se ha pronunciado en  STS 578/2014, de 10 de julio, y estableció que en los supuestos de delito leve de lesiones causadas por un padre a una hija: “el Código Civil desde la reforma que operó en el mismo por Ley 54/2007 no se refiere expresamente al derecho de corrección. Ello se debe a las posturas doctrinales que el reconocimiento del mismo, tal y como estaba planteado, suscitaba la duda respecto a su colisión con el art. 19 de la Convención de Derechos del Niño. En su redacción anterior el  art. 154 Código Civilespecificaba que la facultad de corrección de los padres respecto de los hijos sometidos a su patria potestad debía ser ejercida de forma moderada y razonable. La facultad que a los padres asiste para poder corregir a sus hijos, en cualquier caso queda integrada dentro del conjunto de derechos y obligaciones que surgen de la patria potestad y solo puede concebirse orientada al beneficio de los hijos y encaminada a lograr su formación integral, tiene como limite infranqueable la integridad física y moral de éstos. La reprensión ante una eventual desobediencia del menor nunca puede justificar el uso de la violencia que el acusado ejerció, ni admite, bajo ninguna óptica, considerar esa actuación orientada a su beneficio”.

Por su parte, la  STS 666/2015, de 8 de noviembre, en un caso de padrastro que convivía en su domicilio con una hija de su esposa y que se encontraba bajo su protección, analiza la acción de propinar una bofetada a esa menor, y considera que “integra un comportamiento de maltrato doméstico que consolida un patrón de dominación violenta y de afectación a la integridad y dignidad de la menor que excede de la conducta que en la época actual, podemos considerar socialmente adecuada”.

Aplicando la doctrina jurisprudencial al presente caso, en los hechos declarados probados se constata que el acusado propinó a su hijo una bofetada en la cabeza de entidad suficiente para causarle lesiones en oreja derecha y labio inferior, lo que determina la relevancia penal de dicha conducta de golpear por razón de su tipicidad ex art. 153 CP, infiriéndose el dolo en la propia actuación desarrollada por el acusado consistente en el golpe propinado, no amparado por dicho derecho de corrección, y no teniendo amparo en el ejercicio de la patria potestad, por tratarse de actos violentos que menoscaban la integridad física.

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AGRESION EN PAREJA EN CASOS DE RIÑA MUTUA. CONDENA POR LOS ARTS. 153.1 y 153.2 CP. ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 de Diciembre 2018. N. 677/2018.

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AGRESION EN PAREJA EN CASOS DE RIÑA MUTUA. CONDENA POR LOS ARTS. 153.1 y 153.2 CP. ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 de Diciembre 2018. N. 677/2018.

Sentencia del Tribunal Supremo 677/2018, de 20 de Diciembre.

Recuerdan las SSTS 892/2016, 25 de noviembre, 421/2016, 18 de mayo, 22/2016, 27 de enero, 146/2014, 14 de febrero, 122/2014, 24 de febrero, 1014/2013, 12 de diciembre, 517/2013, 17 de junio, 400/2013, 16 de mayo, etc. (con cita de la STC núm. 88/2013, de 11 de abril, entre otras), que la doctrina jurisprudencial del TEDH permite la revisión de sentencias absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Es decir, cuando esta Sala se limita a corregir errores de subsunción y a fijar criterios interpretativos uniformes para garantizar la seguridad jurídica, la predictibilidad de las resoluciones judiciales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la unidad del ordenamiento penal y procesal penal, sin alterar ningún presupuesto fáctico.

El factum solo deberá reflejar un golpe, sin causar lesión para integrar la tipicidad y llevar a cabo el proceso de subsuncion sin más aditamentos probatorios.

In exigencia del ánimo de dominación o machismo en la prueba a practicar. Artículo 153.1y 2 del Código Penal, no incluyen, ni exigen, entre sus elementos una prueba del ánimo de dominar, o de machismo del hombre hacia la mujer sino el comportamiento objetivo de la agresión.

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LA DISPENSA ARTÍCULO 416 LECRM, NO DEBE AMPARAR A QUIEN SE HA CONSTITUIDO COMO ACUSACIÓN PARTICULAR.

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LA DISPENSA ARTÍCULO 416 LECRM, NO DEBE AMPARAR A QUIEN SE HA CONSTITUIDO COMO ACUSACIÓN PARTICULAR.

Sentencia Penal Nº 205/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 231/2017 de 25 de Abril de 2018

No puede leerse la declaración sumarial del Artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Puede no declarar, quien renuncia a la acusación particular hasta el mismo día del juicio oral.

Dispensa del deber de declarar en favor de parientes (art. 416 LECrim). Puede acogerse a ella quien habiendo ejercitado la acusación particular en el mismo proceso se ha apartado de él en el momento de la declaración. *No son utilizables en ningún caso (ni siquiera cuando se efectuaron con contradicción o con las garantías de la preconstitución probatoria) las manifestaciones prestadas en fase de instrucción por el pariente que en el plenario se acoge a la dispensa del art. 416 LECrim.

Deje, por favor, sus datos en bufetejuridicosanchon@gmail.com.

C/ Mejia Lequerica, 3. Tercero derecha. 28004. Madrid

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