Delito de abandono de Familia.

El delito de abandono de Familia, está previsto en el Artículo 227.1 y 3 del Código Penal, tipo del injusto que castiga al que “dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica, en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en Convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de los hijos”.

3. ” La reparación del daño procedente del delito,comportara siempre, el pago de las cuantías adeudadas”.

Como ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid, ” conforme señalan, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 3 de Abril de 2001 y Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Julio de 2002, los elementos constitutivos del tipo son:

1. La existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autorizad judicial competente que establezca cualquier tipo de prestación económica, a favor de un cónyuge o de los hijos del matrimonio.

2. Una conducta omisiva por parte del obligado al pago, consistente, en el Impago reiterado de la prestación económica fijada durante los plazos establecidos en el precepto, que actualmente son, dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos; y 3. Un elemento subjetivo, configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la voluntad de incumplir la obligación de prestación que aquella impone.

En este requisito se integra también, la posibilidad del sujeto, de atender, la obligación impuesta, toda vez que cuando el agente se encuentra en una situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, está situación objetiva excluye, la voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de la culpabilidad por estar ausente el elemento de la antijuricidad que vendría jurídicamente fundamentado en una situación objetiva de estado de necesidad o en la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra conducta distinta a la realizada por el sujeto.

Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 13 de Febrero de 2001, la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad del pago, no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar, en la resolución que establezca la prestación y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe, permite inicialmente inferir de manera razonable, la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión.

Esto no obsta, la posibilidad de que por el acusado, se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible, el pago, acreditándose así la ausencia de dolo, en el impago de la prestación debida.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Seccion Séptima, de 19 de Febrero de 2007.

Recuerda, que “el delito de abandono de Familia, en su modalidad de impago de pensiones, tipificado en el Artículo 227 del Código Penal, requiere no solo la obligación de pago de una prestación económica de las expresadas en dicho precepto, impuestas en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial y el impago en plazos señalados, sino también la concurrencia de un solo específico, en este caso de omisión dolosa, del conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el impago.

En cuanto a la inclusión de los hechos transcurridos hasta la celebración del Juicio Oral, como ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid” el delito de abandono de Familia en su modalidad de Impago de Pensiones,es un delito de comisión periódica y tracto sucesivo”.

Y así la Sentencia de la Sección 17, de la Audiencia Provincial de Madrid, dice literalmente ” que cuando se producen, sucesivos impagos de pensiones pueden y deben ser resueltos en un mismo proceso.

Procesalmente es correcto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por ello, la acusación puede extenderse en principio a hechos ocurridos hasta la fecha de celebración del Juicio Oral, delimitando las conclusiones definitivas el objeto del proceso, no existiendo indefensión para el acusado cuando este reconoce los impagos que se le atribuyen y debiendo la acusación particular, en su escrito de conclusiones provisionales, adelantar ya esta posibilidad reclamando las pensiones que se devengarán, hasta el momento de dictar, Sentencia.

Tal conclusión, beneficia además al acusado, ya que de otra manera podrá iniciarse un nuevo proceso contra el mismo, por el mismo delito de abandono de Familia en su modalidad de Impago de Pensiones como consecuencia de los impagos producidos, desde el Escrito de Acusación hasta la fecha del Juicio Oral.

Para que la extensión tanto fáctica como de la Responsabilidad Civil, pueda llevarse a efecto ha de ser solicitada, por el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras, bien en el Escrito de Calificaciones Provisionales o bien en el momento de elevar, a Definitivas, sus Conclusiones, al objeto de poder defenderse, el acusado de forma contradictoria, frente a tal imputación. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Seccion Primera, 435/15, de 29 de Octubre, Recurso 1113/15.

El secreto de las comunicaciones de la persona investigada.

La inviolabilidad del secreto de las comunicaciones, constituye un derecho fundamental, reconocido y amparado por el Artículo 18.3 de la Constitución Española, hasta el punto de que en nuestro Ordenamiento Jurídico, está prescrito todo tipo de injerencia en tal derecho fundamental, que no esté prevista por una Ley y constituya una medida que en una Sociedad democrática sea necesaria para la prevención del delito o la protección de lis derechos y libertades de los demás. Artículo 8.2 del Convenio Europeo para la protección de los derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 14 de Noviembre de 1950.

De este reconocimiento no se deduce, que el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones, carezca de límites de modo que pudiera constituirse en bastión inexpugnable, garantizador de la plena impunidad de ciertas modalidades de delito que pudieran desarrollarse a su abrigo.

Y es por ello que la propia norma Constitucional, pone límites a este derecho fundamental de suerte que la garantía de la inviolabilidad pierde su “santidad” cuando una resolución judicial fundada así lo permita.

El Artículo 588, bis, a), somete cualquier injerencia afectante al ámbito de la privacidad de las personas y en concreto al derecho al secreto de las comunicaciones de la persona investigada a la superación de cuatro juicios ponderativos, los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Principios que habrán de ser objeto de un concreto análisis por el juez instructor a la hora de valorar la procedencia de autorizar el acto de injerencia objeto de la solicitud como predicado no solo del genérico principio de motivación de resoluciones judiciales que afectan a derechos fundamentales, recogido en el Artículo 588, bis, c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino incluso como una exigencia concreta que abarcará por una parte la necesidad de controlar el cumplimiento de lo exigido en el precepto anterior, el Artículo 588 bis b) dela Ley de Enjuiciamiento Criminal y por necesidades concretas de motivación impuestas en su apartado 3, relacionadas con el presupuesto habilitante, expresión de los principios racionales, en los que se funde la medida y la extensión o alcance de la medida.

El Principio de especialidad añade a la necesidad de configurar el objeto concreto, de la investigación.

Ha de ser objeto de investigación por esta vía de vigilancia discreta, lo que se define como un delito concreto, entendido como todo lo contrario a las investigaciones prospectivas, aquellas que tengan por objeto, prevenir o descubrir delitos o despejar, sospechas sin base objetiva, en virtud del Artículo 588, bis a) 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La conexión entre este juicio ponderativo y el presupuesto habilitante, no puede ser más íntima.

No basta con que se refiera que se está investigando un delito concreto, sino que además el hecho que se atribuye a determinada persona ha de estar basado en indicios objetivables.

Tal exigencia supone, que por una parte hayan de ser accesibles a terceros, aportando fuertes presunciones del hecho investigado y la participación que en el mismo ha de tener la persona sospechosa y por otra hayan de proporcionar, una base real suficiente, para poder estimar que se ha cometido o se va a cometer, el delito que se investiga y de la posible implicación de la persona.

El Principio de Idoneidad de la medida, Artículo 588 bis a) 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, parte de la necesidad de justificación de que por esta vía de investigación tecnológica podrá obtenerse, una información relevante para cualquiera de las finalidades investigadoras que el legislador describe en su apartado siguiente ( descubrimiento o comprobación del hecho investigado, determinación de su autor o autores, averiguación de su paradero o localización de los efectos del delito.

La vía de la injerencia de comunicaciones y más en concreto de determinados dispositivos de comunicaciones debe ser un medio adecuado para acceder a dicha información.

La norma relaciona la voz idoneidad, con la definición de los ámbitos objetivo, subjetivo y de duración de la medida en función a su utilidad.

Aportar, indicios sólidos que permitan asegurar, que por intervenir determinado teléfono se obtendrá información crucial para cualquiera de esas finalidades, será en no pocas ocasiones un un imposible jurídico.

La constatación de que esta vía será efectiva, solamente podrá aseverarse como consecuencia del examen del trafico y contenido de datos o informaciones que se obtienen, en el curso de la investigación, para lo cual se prevé como causa de cese de la medida, cuando resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los resultados pretendidos. Artículo 588 bis j.

Hay que partir de auténticas presunciones o juicios de experiencia de los que permita deducirse que las persona investigada u otros afectados por la medida, hacen uso del dispositivo en cuestión para recibir o transmitir información de relevancia para la causa.

La superación de este juicio ponderativo en ese primer nivel del criterio de utilidad o idoneidad.

Se basa, en estos juicios de experiencia.

En relación al Principio de Proporcionalidad, Artículo 588 bis a) 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, parte este de una ponderación entre el interés de la persona afectada por la medida por verse preservado en el respeto de sus derechos fundamentales y el interés público y de terceros; en un juicio de valor que habrá de atender conjuntamente a los distintos criterios que se desarrollan en la norma analizada.

La doctrina del Tribunal Supremo exige que se valore en cada caso concreto, cuál es la afectación real que podrá producir el acto de injerencia respecto de los ámbitos de la privacidad que pudieran comprometerse con el acto de injerencia, en contraposición con aquello que pretende obtenerse con el acto de inmision.

Desde el punto de vista del delito objeto de investigación, el Artículo 588 ter a) permite la injerencia a través de la intervención de las comunicaciones telefónicas o telepáticas respecto de determinados delitos que son definidos en una fórmula mixta de definición de un concepto de delito grave ad hoc – Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos tres años de prision-, asi como de categorías concretas de delitos, es decir, delitos de terrorismo, cometidos en el seno de una organización o grupo criminal y delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o cualquier otra tecnología de la comunicación o la información o servicio de comunicación.

Cuestiones propuestas al Jurado en el veredicto sobre los hechos.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de Octubre de 2012 se especifica que “En la Sentencia núm. 300/2012, de 3 de mayo, se recordaba que las resoluciones de 26 de julio de 2000, núm. 439/2000, 13 de marzo de 2001, núm. 382/2001 y 23 abril de 2003, núm. 590/2003, entre otras, ya señalaron que las cuestiones propuestas al Jurado en el veredicto sobre los hechos deben contener proposiciones fácticas, y no jurídicas, evitando la introducción de conceptos jurídicos que predeterminen el fallo.

Entre estas proposiciones fácticas pueden introducirse, cuando sea necesario, las relativas a elementos subjetivos, que en todo caso deben deducirse de los datos objetivos sobre los que se efectúan los pronunciamientos anteriores (art. 52.1.a de la Ley del Jurado, apartado final).” Y que “la doctrina deesta Sala (SSTS 851/99, de 31 de mayo,956/2000, de 24 de julio,439/2000, de 26 de julioy300/2012, de 3 de mayoentre otras) estima que el Jurado, en su veredicto, puede pronunciarse sobre elementos intencionales, pero este pronunciamiento constituye un juicio de inferencia, en el sentido jurisprudencial, que tiene que tener su base objetiva en datos externos que se declaren expresamente como probados en una propuesta previa obrante en el objeto del veredicto, y es revisable por vía de recurso siempre que se aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos obrantes en el propio relato fáctico”.

También se ha discutido la valoración de la prueba efectuada por los jurados al argumentarse que la velocidad reducida y las falta de prueba del consumo de tóxicos, por no haberse practicado comprobaciones ad hoc, son apreciaciones que no excluyen la gravedad de la imprudencia destacándose el contrasentido deque, sin comprobaciones inmediatas de esa índole, se haya aceptado un consumo de medicamentos capaz de afectar las capacidades del acusado limitándolas notablemente.

No se puede eludir ahora la integridad del veredicto ni discutir la valoración de la prueba, pues con independencia de su racionalidad mínima, lo cierto es que esa valoración no afecta al esencial argumento, que se esgrima.

Pensión Compensatoria y Parejas de Hecho

«La falta de una normativa positiva concreta para los casos de extinción de la unión “more uxorio” ha dado lugar a una variada jurisprudencia, salvo en la admisibilidad general de los pactos expresos, o tácitos (“falta concludentia”), con acogimiento de soluciones de comunidad de bienes (Sentencia 4 Junio 1.998) o de sociedad irregular (Sentencias 18 Mayo 1.992, 18 Febrero 1.993, 18 Marzo 1.995), que ha efectuado un esfuerzo para proporcionar remedio jurídico a las peculiaridades casuísticas, lo que ha dado lugar a diversas soluciones, no reñidas entre sí.

Y en tal sentido, dejando a un lado admisiones hipotéticas (Sentencias 27 Mayo, 20 Octubre y 24 Noviembre 1.994 ), son de destacar las Sentencias de 13 de Junio de 1.986 , que aplica el principio de la buena fe y la sanción del abuso del derecho, en sintonía con una interpretación acorde con la realidad social; 11 de Diciembre de 1.992, que aplicó la doctrina del enriquecimiento injusto; 16 de Diciembre de 1.996, indemnización de daños y perjuicios del Artículo . 1.902 Código Civil en atención a que hubo promesa de matrimonio; y aplicación analógica del Articulo 96 en relación con el 4o.1, ambos del Código Civil , por lo que respecta al uso de la vivienda familiar; 10 de Marzo de 1.998, principio de protección del conviviente más débil, que también se menciona en la de 27 de Marzo de 2.001, y se ratifica en la de 17 de Enero de 2.003; 27 de Marzo de 2.001, que alude a las doctrinas del enriquecimiento injusto, aplicación analógica de pensión compensatoria del Artículo 97 del Código Civil y principio de protección del conviviente perjudicado; y 5 de Julio de 2.001 y 16 de Julio de 2.001, sobre aplicación analógica del Articulo Código Civil.

En conclusión, se puede decir que en el criterio jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia de compensación económica no pactada en la ruptura de las parejas de hecho, se puede constatar que la técnica más utilizada es la de la doctrina del enriquecimiento injusto, seguida por la de protección del conviviente más perjudicado por la situación de hecho, más tarde la de la aplicación analógica del Articulo 97 del Código Civil , y por la de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual, y por último la de disolución de la sociedad civil irregular o comunidad de bienes» […]

«Por ello debe huirse de la aplicación por “analogía legis” de normas propias del matrimonio como son los Artículos 97, 96 y 98 Código Civil ya que tal aplicación comporta inevitablemente una penalización de la libre ruptura de la pareja, y más especialmente una penalización al miembro de la unión que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada más paradójico que imponer una compensación económica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al régimen jurídico que prevé dicha compensación para el caso de ruptura del matrimonio por separación o divorcio.

Ahora bien, todo lo anterior, no debe excluirse cuando proceda la aplicación del derecho resarcitorio, para los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado, en los supuestos de una disolución de una unión de hecho. Determinar si, en los casos de ruptura de una unión de hecho, sea por consenso o por decisión unilateral, se puede derivar una compensación o una indemnización. Dentro del ámbito del derecho resarcitorio y dada la ausencia de norma concreta que regule la cuestión actual, habrá que recurrir a la técnica de “la analogía iuris”, o sea no partir para la aplicación analógica de una sola norma, ni proceder de lo particular a lo particular, sino que, partiendo de una serie o conjunto de normas, tratar de deducir de ellas un principio general del Derecho. En conclusión, que hay que entender la “analogía iuris” como un mecanismo de obtención y de aplicación de los principios generales del Derecho. Esta “analogía iuris” -la “Rechtsanalogie” del B.G.B.- parte de un conjunto de preceptos, de los que extrae, por inducción, su principio inspirador y lo aplica al caso no regulado.

Todo ello lleva ineludiblemente a la aplicación, para resolver tal problema fundamentado en la disolución de una unión de hecho, al principio general del derecho – Articulo 1-1 del Código Civil- y a la figura del enriquecimiento injusto recogida en el Artículo 10- 9 y en el Artículo 1887, ambos de dichoCódigo, que siempre servirá como “cláusula de cierre” para resolver la cuestión. Pues la compensación que se puede conceder en los supuestos de ruptura requiere básicamente que se produzca un desequilibrio, que se mide en relación con el otro cónyuge y que implica un empeoramiento en relación con la situación anterior. Estos rasgos definitorios de la base o causa de la compensación, ¿hasta qué punto son proyectables sobre una convivencia “more uxorio” en la que, por hipótesis, ni un cónyuge ni el otro se obligaron o vincularon a una vida en común?

Habrá que estar, al supuesto, a la existencia de pactos, promesas o la creación y el sostenimiento de situaciones de facto de las que, por la vía de los “facta concludentia” se pueda deducir que hubo ese proyecto de vida en común y que se ha producido lo que se denomina la “pérdida de oportunidad”, que sería, aquí, el factor de soporte que vendría de algún modo a sustituir al concepto de”empeoramiento” que ha de calificar el desequilibrio» (Sentencia de Pleno de 12 de Septiembre, de 2005).

Quién es el obligado a instar la prórroga de la anotación preventiva de embargo?

El obligado a instar la prórroga de la anotación preventiva de embargo, es el Abogado, y dicha prórroga no puede considerarse como mero acto de impulso procesal, al tratarse de una actuación encaminada a asegurar la eficacia de medida cautelar, para garantizar el buen fin del procedimiento.

La Sentencia 702/2005 de 26 de Septiembre, se refiere a un supuesto de responsabilidad civil del procurador por incumplimiento de su contrato de mandato al no haber anotado a su tiempo el embargo decretado por el juzgado sobre el patrimonio de los demandados, que ha impedido de forma negligente el aseguramiento del crédito y la vía procesal de apremio reconocida mediante sentencia firme a favor del actor, en dicho proceso civil.

Esta resolución no considera la prórroga de la anotación como un mero acto procesal cuyo diligenciamiento corresponda al procurador. En consecuencia, señala: «no cabe afirmar que existiera incumplimiento contractual alguno en el proceder del procurador contra el que se dirige la demanda que ha dado origine a los presentes autos, al solicitar la suspensión del curso de los autos.

Resulta así que reinstado el juicio y librado y anotado mandamiento de embargo, la comprobación del preexistente y la falta de provisión de fondos, a salvo nuevas instrucciones, en el marco de lo examinado, configuraba la inactividad que significaba la “caducidad” como una prevención que el cliente-abogado y el abogado del cliente, director del asunto, tenían que romper mediante instrucciones precisas, dado que los bienes se hallaban embargados y no eran suficientes, y nada se decía sobre otros bienes que pudieran ser objeto de embargo; al no hacerse provisión de fondos parecía que no quería gravar con nuevos gastos una deuda de dudoso buen fin».

La sentencia 984/1995, de 17 de Noviembre aumenta el importe de la indemnización que debía abonar el letrado, y mantiene su condena por no instar la prórroga de la anotación preventiva del embargo instado.

La sentencia 628/2011, de 27 de noviembre , viene referida a la responsabilidad de letrado en el ejercicio de su cargo y en ella expresamente se indica que la prórroga de la anotación preventiva de la demanda no puede considerarse un acto de impulso procesal, al tratarse de una medida cautelar para garantizar el buen fin del procedimiento.

Se argumenta en esta sentencia lo siguiente: «se advierte que la conducta del abogado demandado es susceptible de ser calificada como integrante de una infracción del deber de diligencia profesional, pues el procedimiento del juicio de cognición n.o 255/1996, quedó suspendido a la espera de la presentación de una demanda de conciliación ante la Junta arbitral regional de arrendamientos rústicos el 3 de junio de 1997 y hasta el 14 de diciembre de 2001 no se presentó la solicitud de avenencia sin que la prórroga de la anotación preventiva de la demanda pueda considerarse un acto de impulso procesal al tratarse de una medida cautelar para garantizar el buen fin del procedimiento.

En consecuencia, la inactividad del letrado determinó que el procedimiento iniciado no pudiera cumplir su fin de reconocimiento de la pretensión de acceso a la propiedad planteada en la demanda».

La sentencia recurrida, por tanto, no solo no se opone a la jurisprudencia de esta sala sino que la conoce y asume. Obligación de los procuradores es representar a la parte en todo tipo de procesos, salvo que se disponga otra cosa o se autorice por Ley. Se trata de una obligación vinculada al seguimiento del juicio, transmisión de documentación, antecedentes o instrucciones que le remitan el abogado, tener al corriente a su poderdante y abogado del curso del asunto que se le hubiere confiado y hacer cuanto conduzca a la defensa de los intereses del cliente, bajo la responsabilidad que las leyes impongan al mandatario, conforme dispone el Articulo 26 de la LEC . Ahora bien, la afirmación de que entra dentro de las competencias del procurador el cumplimento de obligaciones como la que aquí se suscita de solicitud de prórroga para evitar la caducidad preventiva del embargo, no se ajusta a esta normativa, por lo que la inactividad del procurador contra el que se dirige la demanda no genera incumplimiento contractual como integrante de una infracción del deber de diligencia profesional. Y es que, al margen del auxilio que el procurador pueda prestar en este aspecto al abogado, no es un acto de impulso procesal, como ha dicho esta sala, ni es un efecto de las funciones que tiene encomendadas de representación o de seguimiento del asunto.

Se trata de una iniciativa propia del abogado en la defensa y dirección del proceso en cuanto supone una actuación de contenido jurídico-económico, y que es ajena a la capacidad de decisión del procurador, que no es otra que la de notificar, como argumenta la sentencia recurrida, «la existencia de un plazo procesal y el momento en que este comienza conforme a la notificación recibida o el acto por el realizado, pero no le corresponde un deber legal de velar porque ese plazo sea respetado adecuadamente por el Abogado y, por ello, no tiene una función específica de avisar de la proximidad de su vencimiento.

Es el Abogado quien ha de conocer los plazos perentorios, como el que nos ocupa, y en función de ellos debe adoptar las decisiones técnicas correspondientes en consonancia con las instrucciones del cliente, sin que sea el Procurador quien vele por el correcto cumplimiento de lo que es deber del Abogado. Entenderlo de otro modo supone atribuir una función al Procurador que le convertiría en auténtico controlador de los tiempos procesales que, evidentemente, trasciende a la misión que le atribuye la ley».

Requisitos de la declaración del coimputado como prueba de cargo.

De acuerdo a una reiterada jurisprudencia la declaración del coimputado es una prueba hábil para enervar el derecho que convoca en la impugnación.

La jurisprudencia de esta Sala ha recibido de la del Constitucional las exigencias para la valoración de la imputación de un co-reo.

Así desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 153/97 , en cita que recogemos de la STS 930/2016, de 14 de diciembre : A partir de la SSTC 153/1997, de 29 de agosto , la jurisprudencia constitucional viene estableciendo de forma pacífica que para que la declaración del coimputado pueda ser única prueba de cargo, se requiere que esté corroborada, ya que en otro caso será insuficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia; y a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2001 , concreta la exigencia de corroboración en dos aspectos:

1. No se requiere que la corroboración sea plena, sino mínima; y

2. Procede establecer qué debe entenderse por corroboración, más allá de la idea de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejar al análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o si bien precisa que los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración -como pueden ser la inexistencia de animadversión, el mantenimiento o no de su declaración o su coherencia interna- carecen de relevancia como factores de corroboración, siendo necesario que existan datos externos a la versión del coimputado que la corroboren, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera probados.

Así como que la declaración de un coimputado no puede entenderse corroborada, a estos efectos, por la declaración de otro coimputado.

De modo que la exigencia de que la declaración incriminatoria del computado cuente con un elemento externo de corroboración mínima no implica la existencia de una prueba directa o indiciaria sobre la participación del condenado en los hechos que se le imputan sino, más limitadamente, una prueba sobre la veracidad objetiva de la declaración del coimputado respecto de la concreta participación del condenado.

Esta doctrina jurisprudencial, es igualmente seguida por esta Sala Segunda, que la resume (STS núm. 812/2016, de 28 de octubre con cita de la 949/2006 de 4de octubre ) en los términos siguientes:

a) Su fundamento se encuentra en que estas declaraciones de los coacusados sólo de una forma limitada pueden someterse a contradicción, habida cuenta de la facultad de no declarar que éstos tienen por lo dispuesto en el art. 24.2 CE que les reconoce el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, lo que constituye una garantía instrumental del más amplio derecho de defensa en cuanto que reconoce a todo ciudadano el derecho a no contribuir a su propia incriminación.

b) La consecuencia que de esta menor eficacia probatoria se deriva es que con sólo esta prueba no cabe condenar a una persona salvoque su contenido tenga una mínima corroboración.

c) Tal corroboración aparece definida como la existencia de cualquier hecho, dato o circunstancia externos apto para avalar ese contenido en qué consisten las declaraciones concretas de dichos coacusados.

d) Con el calificativo de “externos” entendemos que el Tribunal Constitucional quiere referirse a que tal hecho, dato o circunstancia se halle localizado fuera de esas declaraciones del coimputado.

e) Respecto al otro calificativo de “externos”, entendemos que el Tribunal Constitucional que no puede concretar más, dejando la determinación de su suficiencia al examen del caso concreto. Basta con que exista algo “externo” quesirva para atribuir verosimilitud a esas declaraciones”.

Mínimo vital.

«La obligación legal que pesa sobre los progenitores, está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 de la Constitución Española y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013). De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.

Por tanto, ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del Artículo 146 del CC (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre de 2014, Rc. 2419/.

“Si así se obra en esta litis se aprecia que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta todas las circunstancias del caso concreto y ha llevado a cabo su ponderación, pues, a pesar de las desfavorables circunstancias del hijo, a causa de su enfermedad y minusvalía, ha reducido transitoriamente la contribución del recurrente a los alimentos del menor, pero atendiendo a que el obligado tiene cubiertas sus necesidades de vivienda y que percibe subsidio por desempleo que, a pesar de escaso (426 euros) y gravado (por incumplir sus obligaciones alimenticias), no supone carencia total de Consecuencia de ello es que en la revisión del juicio de proporcionalidad no se aprecia que proceda la cesación o suspensión de la obligación alimenticia respecto del hijo menor de edad”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Octubre de 1993 desestimó, como también se decide en ésta, la cesación de tal obligación, si bien advertía: “sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestar alimentos al hijo menor de edad carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación, lo que aquí no

En atención a lo previamente razonado lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante» (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2015, Rec. 2899/«La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a Artículos 142 y siguientes del Código Civil , las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al Artículo 152.2 CC , esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre.

Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el Artículo 39 Constitución Española y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres» (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2015, Rec. 735/2014).